Modesto Gerardo Apolo | Corrupción institucionalizada
¿Por dónde empezamos? Votando SÍ en la Consulta Popular
La lucha contra la corrupción es constante, va más allá de las personas involucradas en actos ilícitos; está arraigada en la institucionalidad de los sistemas legales.
Mientras la legislación sea ambigua, permitiendo la corrupción, esta se fortalecerá y perpetuará en nuestra sociedad a través de estructuras institucionales que facilitan y promueven prácticas corruptas.
Dicha permisividad legal crea el entorno propicio para la impunidad y la proliferación de actos corruptos, aprovechados por aquellos con poder y ambición desmedida.
Es desalentador cómo a pesar de los esfuerzos de individuos y organizaciones por combatir la corrupción, los cambios son realmente mínimos, pues a las mafias legislativas así les conviene mantenerlos.
Si realmente queremos rendir homenaje en vida a aquellos que luchan contra la corrupción, los legisladores deberían derribar las leyes que protegen a los corruptos y promulgar unas que endurezcan, radicalicen y fomenten la recuperación de lo ilícitamente adquirido, permitiendo además, la extradición de los delincuentes corruptos.
En días pasados en prensa y redes sociales destacaban el segundo intento fallido dentro de la Asamblea para cambiar el orden del día y obtener el pronunciamiento del Legislativo respaldando las actuaciones de la fiscal General de la Nación, Diana Salazar. Dejen ese espectáculo reprochable; no nos tomen por “cojudos”. Los ecuatorianos sabemos que la legislatura está compuesta, mayoritariamente, por protectores de la corrupción y la impunidad, que saben que con leyes más sólidas, aplicadas de manera efectiva, caen las redes de corrupción institucionalizadas.
Las manifestaciones de apoyo a la lucha de la fiscal General Diana Salazar, si no van acompañadas de acciones concretas para reformar las instituciones que perpetúan la corrupción, son una burla; espectáculo burdo.
¿Por dónde empezamos? Votando SÍ en la Consulta Popular y en las futuras elecciones, no eligiendo a representantes de partidos o movimientos políticos afines a la corrupción e impunidad. Solo así derrocaremos a la corrupción institucionalizada.
