Narcopolítica

Desde la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi en el 2008, la institucionalidad del Estado, de manera general, y de los organismos que lo conforman, de manera particular, han sufrido un continuo deterioro; por lo menos esa es la evidencia que los hechos nos presentan catorce años después de su entrada en vigencia.

La subordinación del derecho objetivo, que obliga a la sociedad al respeto y subordinación del o los individuos al conjunto de normas legales llamadas a regular las conductas de los individuos de la sociedad; subordinándolo a la prevalencia de los derechos, facultad, o subjetivos al declararse garantista, en la práctica se ha demostrado que la Constitución de Montecristi y la legislación que de ella se desprende, vulneran el derecho del ciudadano común, quien siente sus derechos de inferior valor frente al de los delincuentes, al garantizarle a estos últimos vías alternativas para minimizar las penas y en la práctica burlar la cárcel, pese a la condena.

Los males que permiten la incubación y desarrollo de la inseguridad ciudadana a manos de la delincuencia son el narcotráfico, el chulco, la tabla de consumos, la falta de acuerdos de extradición, la movilidad indiscriminada, un sistema legal constitucional y penal benévolo con la delincuencia y tremendamente restrictivo contra las fuerzas del orden.

Cualquiera en su sano juicio puede evidenciar que es necesario dar un giro de 180 grados en estos temas, reformando las normas que benefician estas actividades ilícitas, no solo del narcotráfico y sus colaterales, sino también de la corrupción y el peculado. Pero, ¿por qué no se cambian las leyes o se reforma la Constitución? Porque los llamados a hacerlo se oponen a cualquier iniciativa de hacerlo. Entonces, ante la pregunta de ¿a quién o quiénes beneficia tal actitud negativa?, la respuesta es la obvia: al narcotráfico y a los corruptos; y ante la pregunta de ¿cómo determinar si en Ecuador existe o no narcopolítica?, de lo expuesto es fácil deducirlo, más aún si analizamos el financiamiento de algunas campañas de personajes de elección popular.