Priscila Falconí: El vacío legal del poder conyugal
Este modelo de participación informal replica la lógica del trabajo doméstico no remunerado
En Ecuador, el título de ‘primera dama’ es una cortesía protocolar, no un cargo legal. No existe decreto ni ley que lo cree o regule. Aun así, históricamente, muchas esposas de presidentes han liderado causas sociales, ejercido funciones públicas y gestionado presupuesto estatal. Costumbre funcional, no institución.
En 2007, Rafael Correa decidió no delegar ese rol a su esposa, criticando su carga sexista y falta de legitimidad democrática. Rocío González lo retomó en el gobierno de Lenín Moreno, y hoy Lavinia Valbonesi -a quien valoro y reconozco por su compromiso, energía y carisma- lo ha potenciado desde su plataforma digital, siendo figura clave en el impulso del presidente-candidato.
Participa en iniciativas sociales, se reúne con autoridades nacionales e internacionales y representa al país en espacios relevantes; elige trabajar. Además, accede a seguridad, logística estatal, cobertura mediática, personal institucional y un nivel de exposición que solo el poder político puede ofrecer. Y es que la posición brinda una plataforma única para lo que se decida explotar.
Este modelo de participación informal replica la lógica del trabajo doméstico no remunerado: se espera que la esposa del presidente acompañe, cuide, contribuya, ‘sirva al país’ sin sueldo, perpetuando estereotipos y naturalizando el trabajo femenino gratuito al más alto nivel de representación.
Si la pareja presidencial-dama o caballero- que accede al poder por la vía conyugal decide asumir funciones públicas por sobre aspiraciones propias, lo más transparente sería establecer un marco normativo: crear el cargo, definir responsabilidades, exigir rendición de cuentas y asignar una remuneración acorde. Es un tema de democracia, transparencia e igualdad. No es aceptable participar en la gestión pública sin reglas.
El poder simbólico también es poder real. Por eso, si Ecuador quiere una primera dama -o un primer caballero- involucrado en lo público, debe asumir el costo institucional de hacerlo bien: con ley, funciones claras, compensación económica y fiscalización. En democracia, el poder sin regulación no es tradición: es privilegio disfrazado de cortesía.
