Rafael Oyarte | Enredo constitucional

A fines de agosto se publicó mi columna intitulada Falso Referéndum”, en el que acusé que en mayo se había publicado la proclamación del resultado de la consulta popular realizada en abril, pero que no se habían publicado los textos de las enmiendas consecuentes. El presidente Noboa hizo un requerimiento al Consejo Electoral, pero le bastó que ese órgano le diga lo obvio, esto es, que estaban publicados los resultados, para sentirse satisfecho. Se confirmaría así que, en nuestro país, a los titulares del poder todo les vale, mientras no les afecte personalmente. En el Registro Oficial se publica hasta el más insignificante de los actos generales, pero una modificación constitucional tiene el mismo valor que para quienes detentan el poder: ninguna, mientras no les convenga.

Siete meses después, tome usted textos ‘actualizados’ de la Constitución, tanto en formato físico como electrónico, y verá que, para unos, el art. 79 no ha sido reformado, por lo que se mantiene la prohibición absoluta de extradición de ecuatorianos, mientras que otros la incorporan citando la proclamación de resultados, pero sin referencia a la no ocurrida publicación del texto. Ya sabe, conciudadano, quiénes aprovecharán esa omisión: cualquier compatriota que delinca en el extranjero vendrá a Ecuador y, cuando se le requiera en extradición, dirá que no le es aplicable porque la enmienda no está publicada y, si se publica, dirá (de modo inadmisible) que no se la puede aplicar retroactivamente.

Pero el caso de los jueces constitucionales que deben conocer las acciones de protección, ‘habeas corpus’, ‘habeas data’, acceso a la información y medidas cautelares es tan escandaloso que se llega al extremo de que la Asamblea está tratando reformas a la Ley de Garantías ignorando abiertamente la enmienda que, además, reformó esa misma ley. No ha ocurrido, simplemente. Pero, por otra parte, la enmienda establece que en un año esos jueces deben ser creados y, para ello, solo falta poco más de cinco meses. Ni rastros de organizar ese concurso hay en un Consejo de la Judicatura que, otra vez, fracasa en el concurso para Corte Nacional.

Y cuando haya problemas con extradiciones o con jueces que otorgan desviadas acciones de derechos (porque negarlas indebidamente no es problema), se armará el escándalo que nos gusta y que pasará con el siguiente bullicio, que será dos semanas después.