Rafael Oyarte: Extradición
No se debe seguir permitiendo que nuestro país sea tomado como un ‘salvado’ de nuestros compatriotas que cometen delitos
Se vuelve a plantear la extradición de ecuatorianos como una de las preguntas para la próxima consulta popular. Naturalmente no se debería reproducir el planteamiento tibio de Lasso que, a la vez, era incompleto y complejo, pues no era para todos los casos sino solo los relacionados con el crimen organizado transnacional, como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes, excluyendo la mayor cantidad de casos de difusión roja contra nuestros connacionales que son requeridos por asesinato, violación, robo y otros similares, cometidos en el extranjero.
Si una persona cometió un delito en Ecuador, pero huye a otra nación, nuestro país le solicitará al Estado donde se encuentra ese individuo que lo extradite, es decir, que lo envíe a nuestro país para que se le juzgue o para que se cumpla con su condena. Lo mismo ocurre con los países que persiguen a los prófugos que se encuentran en Ecuador, con un problema: nosotros tenemos impedido extraditar ecuatorianos, aunque nos obligamos a juzgarles conforme nuestras leyes. Ello, naturalmente, genera problemas con la obtención de pruebas y de recarga a un sistema de justicia que ya tiene suficiente con investigar, procesar y sancionar a quienes han delinquido en nuestro país.
La extradición no es una cosa que se decida arbitrariamente o con el fin de afectar los derechos del extraditable, pues los convenios internacionales y la ley establecen varias condiciones para otorgarla, siendo las más importantes: que no se puede extraditar por hechos que no constituyen infracción en el Ecuador, o bien por delitos políticos, salvo por actos de terrorismo y delitos de lesa humanidad, o por consideraciones religiosas, raciales, políticas o de nacionalidad o de orientación sexual. Del mismo modo, el otorgamiento de una extradición se condiciona a que no se les aplique la pena de muerte y otras inhumanas, crueles o degradantes, y les sean respetados sus derechos del debido proceso.
No se debe seguir permitiendo que nuestro país sea tomado como un ‘salvado’ de nuestros compatriotas que cometen delitos que se producen o tienen efecto en el exterior. Tampoco se debe engañar a la gente: no es que se extradita a quienes delinquen en Ecuador, pues ninguna nación, generosamente, se querrá hacer de delincuentes de otros países; tienen suficientes por los suyos.