Rafael Oyarte | ¿Un falso referéndum?

Nuestros compatriotas que han asesinado, robado o violado en el exterior estarían recibiendo la gentil colaboración de varios funcionarios omisos, por la que aún no serían extraditables. Usted me dirá que estoy equivocado, que en abril de este año aprobamos, por amplio margen, levantar la prohibición constitucional de extraditar ecuatorianos y que, conforme nuestra Constitución, el pronunciamiento popular es “de obligatorio e inmediato cumplimiento”. Todo eso es cierto, pero falta un pequeño detalle: los textos deben publicarse en el Registro Oficial para que la norma entre en vigencia y eso, curiosamente, no ha ocurrido.

En mayo se publicó la resolución por la que el Consejo Electoral proclamó los resultados definitivos del referéndum, pero sin sus textos, los que no se publican hasta el día de la fecha. Llama la atención pues, en 2018, el Consejo Electoral publicó los resultados y, a los pocos días, los textos. Ahora no. Llama la atención que al presidente Noboa, que inició esa consulta popular, no le interese esa omisión. Para la Corte Constitucional, tan severa en sus casos de activismo como la inoportuna consulta sobre el Yasuní, este es un asunto de nula importancia. Tampoco para la Asamblea esta es una cuestión que motive juicio político para el Consejo Electoral.

Cuando Lasso planteó una extradición llena de requisitos, que la hacían muy difícil, e incompleta, pues excluía a asesinos, violadores y ladrones, varios medios impulsaron la propuesta y, luego, lamentaron la negativa. Cuando Noboa volvió a hacer el planteamiento, sin esos vicios, también impulsaron la iniciativa, pero, llegado el triunfo, la olvidaron, al punto que, sobre esto, el seguimiento es nulo. Otro poco pasó con los jueces constitucionales: grandes publicaciones de prensa sobre el abuso de acciones de defensa de derechos otorgados por jueces de recónditos lugares y, cuando se aprueba la creación de judicaturas especializadas, ya no importa que no se publique. Si el referéndum era una broma destinada a probar la popularidad gubernamental, se hacía una encuesta y no se gastaban decenas de millones en algo que no se quería.

De una vez digan: no queremos la extradición de ecuatorianos (o queremos que se publique el año del pepino para que no afecte a los delincuentes actuales) y tampoco jueces constitucionales para que sigamos en el jugueteo de las garantías. Al menos tengan el valor civil de decirlo.