Rafael Oyarte: Incapacidad mental

La incapacidad mental para gobernar es una vieja causal de cesación presidencial. No es un juicio político, pues no se imputa infracción al jefe del Estado, sino un mecanismo para constatar una circunstancia fáctica que le impide ejercer el poder. La semana pasada se dijo que se estaría intentando usar este ingenio para apartar del cargo al presidente Noboa.

Como las reglas han cambiado, ya no es posible usar la ‘Fórmula Bucaram’ para cesar a un primer mandatario. Así, en febrero de 1997, la moción para cesar al presidente Bucaram por incapacidad mental surgió en el transcurso de la sesión congresal extraordinaria convocada para “analizar y resolver la crisis que vive el Ecuador y el Gobierno Nacional”, sin que de los antecedentes se desprendiera alegación en torno a una enfermedad mental que le incapacitara. Ese artificio se le aplicó para apartarlo del poder con simple mayoría, pues no se contaba con las dos terceras partes del total de diputados para destituirlo por juicio político y tampoco la clase política tenía las ganas de someterse en ese momento a un procedimiento largo y complejo en medio de protestas que paralizaban al país.

Para que no se repita esa liviandad, la Constitución de 1998 dispuso que la incapacidad debía estar “legalmente comprobada”, pero como no se indicó la clase de prueba para demostrarla, la Constitución de 2008 establece que debe operar con la certificación de un comité de médicos resultado de las ternas que remitidas por el IESS, el Ministerio de Salud y las facultades de medicina. Ese informe no solo debe determinar la existencia de la incapacidad, sino si esta es permanente o no, pues en el segundo evento no estaríamos dentro de un caso de cesación sino de ausencia temporal, por enfermedad u otra causa que impide transitoriamente ejercer el cargo. Para evitar la tentación de acudir a esta fórmula, en lugar de un juicio político o de una destitución (muerte cruzada), se impone el mismo el cuórum para cesar: dos tercios.

Esta ocurrencia surgió de una mente torcida que cree que el presidente es autista y que el autismo incapacita. Lo que incapacita es la nula educación de nuestros legisladores y la reforma constitucional que exige que el asambleísta tenga “probidad notoria y experiencia, capacitación o formación justificada” no será sino un mecanismo para que esos incapaces (que abundan) aparten a los pocos que se atrevan a participar en la cloacal política nacional.