Rafael Oyarte: Jueces constitucionales o excusas
Solo falta nombrarlos a la ligera, implantando jueces venales, sumisos con el poder...
Tradicionalmente, las constituciones ecuatorianas siempre han sido generosas a la hora de reconocer derechos fundamentales en su texto, pero, en contrapartida, continuamente fueron mezquinas en el establecimiento de las acciones para su defensa. Al establecimiento del ‘habeas corpus’ en la Constitución de 1929, solo en 1996 se instituyen el amparo y el ‘habeas data’, mientras que el acceso a la información pública esperó hasta 2004.
Estas acciones, inicialmente, quedaron en manos de jueces civiles y tribunales de lo fiscal y lo administrativo, pero con la Carta de 2008 se entregó la competencia a todos los jueces de todas las materias, mientras que para el control de constitucionalidad sí estableció, al menos formalmente, una justicia constitucional especializada a través de un Tribunal o Corte Constitucional. Es decir, pese a las particularidades del Derecho Constitucional, tanto en lo procesal como en lo sustantivo, el principio de especialidad se anuló en el sistema de garantías.
Con un 60 %, en abril la ciudadanía aprobó la enmienda que instaura jueces constitucionales especializados para el conocimiento de esas acciones, obligando, además, a establecer salas especializadas de lo constitucional en las Cortes Provinciales de Justicia para que resuelvan las apelaciones, lo que es importante desde que estas causas son conocidas muy excepcionalmente por la Corte Constitucional a través de la acción extraordinaria de protección, que tiene un sistema de admisión altamente arbitrario, y de un procedimiento de selección que se ha tornado inicuo.
Al parecer, con explicaciones de por medio, el Consejo de la Judicatura se está empeñando para que esta reforma constitucional quede en el papel, pues se habla de establecer unos pocos jueces constitucionales para todo el país (43), y salas en solo cinco cortes provinciales (48 jueces). Como se ve, eso de que el Ecuador es un Estado “de derechos y justicia” y que el Derecho Constitucional es importantísimo, seguirá siendo una divina declaración vana. Solo falta nombrarlos a la ligera, implantando jueces venales, sumisos con el poder o activistas cuyas convicciones personales estén sobre la Constitución, para que esta sea, o siga siendo, un papel mojado.
