Rafael Oyarte: Oscuridad e inversiones

Se vienen las elecciones y los políticos ya tienen algo más que ofrecernos, además de empleo, salud, educación y seguridad: electricidad. En nuestras tierras las palabras “participación e inversión privada” son tan malas que aprobamos una Constitución que retomó la añeja figura de los “sectores estratégicos”, con el fin de establecer el monopolio estatal en la prestación de esta clase de servicios, entre los cuales está el eléctrico. La concesión, según nuestra Carta Primera, debe ser excepcional, lo que en el sector eléctrico se cumple, por lo que estamos continuamente sometidos al (des)acierto de funcionarios, lo que se resume en los tradicionales apagones. Ninguna iniciativa de reformar esas normas se ha dado.

Pero no es cosa solo de reformar la Constitución o, menos aún, de decir que se debe permitir la capitalización privada del sector eléctrico: la mera apertura al mercado no va a traer inversionistas, menos extranjeros, pues estos no solo ven la ley sino el trato que se ha dado a otros inversionistas en el pasado. Si el inversionista ve que a otro le dijeron “estás ganando mucho” y le retiran parte de la ganancia a guisa de participación por utilidades extraordinarias o de impuesto extraordinario (como lo estamos haciendo ahora con bancos y empresas a las que, bajo la figura de ‘contribución’, se les imponen tributos retroactivos), difícilmente va a ser tan ingenuo y pensar que a él eso no le va a ocurrir.

En Perú ocurría algo similar luego de las experiencias estatizantes de Velasco Alvarado y del primer período de Alan García, en que los servicios estaban a cargo de ineficientes empresas públicas que, además de prestarlos muy mal, acarreaban ingentes pérdidas al fisco. Para atraer las inversiones tuvieron que crear la figura constitucional del ‘Contrato-Ley’, por los que se establecen seguridades y garantías absolutas, es decir, inmodificables por norma de clase alguna. La izquierda peruana se queja amargamente de que con esos contratos-leyes se ha incurrido en abusos, sin hacer el menor ‘mea culpa’, pues, como estaban, el Perú era inelegible para invertir. Nosotros, encima, impedimos el arbitraje internacional, por lo que estamos condenados a que llueva o a que nos presten con intereses de usura para hacer una ‘megaobra’, porque, solo con el agua hasta el cuello, querremos solucionar y no solo parchar.