Rafael Oyarte | Pero, si el otro es peor que yo

¿No sabe quién soy yo? Es la frase favorita de quien, por su pretendida importancia (o la de algún pariente), se quiere saltar la ley pues, por supuesto, aquella solo le puede afectar a los demás, es decir, a los simples mortales. Otros pretenden esquivar las consecuencias de la violación de la ley en que hay otros que hacen cosas peores. Que cómo así se persigue el pirateo de las señales de televisión pagada cuando hay funcionarios que roban a la nación. Cómo se va a imponer tres días de prisión al contraventor que sobrepasa los límites de velocidad si hay sicarios y ladrones en las calles.

Si la ley es inadecuada debe ser cambiada, pero no violada. Objetivamente, el exceso de velocidad implica poner en riesgo la vida y la propiedad propia y ajena: matarse es asunto suyo, pero que se vaya llevando al resto, no. Nada tiene de desproporcionado darle tres días de prisión a un anormal - irresponsable que conduce un vehículo a 140 kilómetros por hora en una vía perimetral (peor en una urbana). Ahora, que sea el Reglamento a la Ley de Tránsito el que establezca, en su texto, las velocidades máximas, olvidando que ese es un asunto técnico, es un despropósito: 50 km/h en toda vía urbana, así como 90 en perimetrales y 100 en carreteras, cuando ello debería establecerse por expertos en la materia, vía por vía y de modo racional. Ir a 50km/h en calles angostas es un peligro permitido por la ley, como ir a 100km/h en carreteras que más parecen caminos culebreros, pero señalar 50 km/h en vías amplias es promover que se la viole.

Para consolidarnos como nación primero debemos cumplir las normas, independientemente de si nos agradan o benefician, o si nos afectan y nos disgustan. Pero eso es difícil para el funcionario si la ley es irracional. Irse preso por ir a 61 km/h suena a excesivo, pero eso se debe a que la ley sanciona con esa pena el superar el rango moderado. Y como suena a excesivo, esa ley, que rige hace varios años, no se aplica y, cuando se lo hace, saltan las alarmas y la autoridad cede, porque también se acusa su aplicación de selectiva, con transportistas excluidos.

El fuerte no necesita del Derecho, le basta con su poderío. Por eso resulta llamativo que el débil lo desprecie y colabore con su destrucción, consagrándose su destino a la inevitable sumisión. Por ello, la ley debe ser racional, materia, en mucho, pendiente en nuestro país.