Rafael Oyarte: Requisito, placebo o amenaza
Ojalá no sea aplicada para afectar los derechos de participación como, desafortunadamente, podrá ocurrir
El desprestigio del parlamento y la escasa aprobación ciudadana a la gestión de los legisladores los ha llevado a querer añadir, como requisito para ser asambleísta, además de la nacionalidad ecuatoriana y los 18 años de edad para serlo, el “acreditar, a más de probidad notoria, experiencia, capacitación o formación justificada”, lo que parece solo un buen deseo si se considera que también se exige probidad notoria para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura, pero algunos de sus miembros no solo fueron destituidos por actuaciones irregulares, sino que han sido procesados y condenados penalmente.
A ello se agrega que la exigencia de capacitación, experiencia y formación es indeterminada. Qué clase de experiencia se puede exigir a un ciudadano que, por vez primera y a los 18 años (edad que la Corte Constitucional impide aumentar) se candidatiza a la Asamblea, por lo que ningún ejercicio previo puede tener. Qué clase de capacitación o formación se pretende exigir, si no existe una “escuela legislativa” o cosa parecida, más aún si la Corte Constitucional ha dicho que ello “no incluye un requerimiento particular sobre formación académica o experiencia profesional formal, más bien procura que los asambleístas tengan un conocimiento -experiencia, capacitación o formación- de la realidad social de sus mandantes”, lo que no implica exigir títulos, grados académicos o certificaciones de estudios y que estos requerimientos deberán ser desarrollados legislativamente.
Ojalá no sea aplicada para afectar los derechos de participación como, desafortunadamente, podrá ocurrir, porque una cosa es que esta sea una más de las acostumbradas modificaciones constitucionales placebo, es decir, que no está destinada a arreglar absolutamente nada, sino, simplemente, a dar una apariencia que guste y alivie al destinatario y otra, muy distinta, que termine siendo un mecanismo para deshacerse de candidatos opositores por parte de un gobierno autoritario, lo que no le será difícil diciendo, simplemente, que el postulante no tiene experiencia o que no ha demostrado capacidad o, cuando no, espetarle que no se es probo, usando para ello la decisión de cualquier ente electoral sumiso, cosa tan común en regímenes como el chavismo venezolano o el sandinismo nicaragüense.