Rafael Oyarte: Terminar con las inmunidades

Los politicastros ecuatorianos han llegado al extremo de pretender extender una inmunidad a alguien que, constitucionalmente, no la tiene, como es un exvicepresidente que debería responder por las graves imputaciones sobre actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Manabí. Ello es demostrativo del grado de descomposición del país, pues sería un caso de corrupción sobre la sangre de las víctimas y dolor de los afectados por el terrible terremoto que asoló esa zona del país, debiendo esos fondos ser destinados a paliar esas consecuencias y recomponer los daños. Meter mano sucia ahí es imperdonable.

Si bien en un Estado de derecho se entiende que no solo la fiscal de la Nación va a ignorar esa pretensión, pues la Asamblea no tiene competencia alguna para autorizar o no el procesamiento penal de alguien no inmune, sino que el juez nacional, más allá de su extremo e inexcusable error de solicitar indebidamente esa autorización, cumplirá su deber y señalará día y hora para la formulación de cargos, hay que plantear nuevamente el tema de las inmunidades.

Cuando es de fondo, la inmunidad impide procesar a un funcionario por asuntos relacionados directamente con el ejercicio del cargo, como pasa con los asambleístas, que no pueden ser enjuiciados por sus votos y opiniones a la hora de legislar y fiscalizar: es lo que llamamos inviolabilidad. Cuando es de forma, el procesamiento se condiciona a la autorización de un órgano: a eso también se le llama antejuicio. Son privilegios de que gozan, por la Constitución, el presidente y el vicepresidente de la República en ejercicio, los legisladores y el defensor del Pueblo, y que la ley la extiende, irregularmente, a miembros del Consejo Electoral, del Tribunal Electoral y de la Corte Constitucional. Es un privilegio porque el común de los mortales no gozamos de él.

¿Cómo es posible que una Constitución indique, simultáneamente, que los jueces son independientes e imparciales, y que todo servidor público es responsable por sus actos, y que, a la vez, excluya a estos privilegiados de ese régimen de responsabilidad y les proteja frente a la acción de la justicia. Entonces, los politicastros se protegen a sí mismos de algo que nos dicen que el resto debemos confiar: en los jueces.

Las inmunidades se deben eliminar completamente, pero los politicastros nunca tocarán ese tema.