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Ricardo Arques | Dios salve a Diana

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La Asamblea sigue a ritmo con la defenestración de Diana Salazar, incomprensible actitud pero cierta

Hay valores que están por encima de ideologías y propósitos. Son sencillos y al alcance de todos: el sentido común, el sentido de la oportunidad y la decencia. Provoca estupor la reacción de Paola Cabezas, asambleísta del correísmo, a las impactantes revelaciones de la fiscal Diana Salazar, que han fotografiado, por primera vez, el esquema de un narco-Estado operando en Ecuador. Ha dicho la asambleísta, en síntesis, que el país enfrenta amenazas más graves como la ineficiencia de la justicia con las víctimas de femicidio y los asesinatos de niños. Ahonda el desatino que Blasco Luna, compañero de bancada, abonara la tesis y rematara el esperpento con esta indolencia: “Quién sabe, si hubieran investigado meses atrás, Fernando Villavicencio no estaría muerto”. Con sentido común, Cabezas y Luna habrían callado porque cualquier comparación con un narco-Estado es una osadía. Con sentido de la oportunidad hubieran guardado silencio por respeto a las incontables víctimas del crimen organizado, incluido Fernando Villavicencio. Y en un ejercicio de decencia habrían hablado, pero del país y su dramática situación. Ecuador sigue hundiéndose, fuera en las estadísticas de inseguridad y dentro en la desconfianza. El aviso a los navegantes emitido por el expresidente Correa para entorpecer la investigación de Diana Salazar, y el asilo solicitado a México por el exvicepresidente Glas para eludir la Justicia, hechos ocurridos en igual contexto que el operativo de la fiscal y la reacción de Cabezas y Luna, alimentan suspicacias en el terreno de las complicidades. A la luz de lo que ocurre con Diana Salazar y sus liquidadores, los de frente y los emboscados, cabe preguntarse si existe conciencia real de lo que significa un narco-Estado, es decir, que criminales dispongan a voluntad de los bienes, destino y vidas de los ecuatorianos. El primer punto del Plan Fénix que incuba el presidente para la seguridad debería decir: “Prohibido entorpecer, taponar o torpedear la labor de la fiscal general del Estado, así como difamar su honra sin pruebas”. La Asamblea sigue a ritmo con la defenestración de Diana Salazar, incomprensible actitud pero cierta sobre un perfil que debería representar un referente de tesón y no la lamentable historia de una persecución política. La sociedad civil, porque a la política no le alcanza la altura, sería ingrata si no cerrara filas con la fiscal general, la imagen decente de Ecuador en el exterior y la persona que ahora más expone y más arriesga por la paz de los ecuatorianos.