Roberto Aguilar | Corte Constitucional

Angélica Porras, vocera de Acción Jurídica Popular (un grupo de operadores judiciales del correísmo), lleva años en guerra contra la institución más honorable de nuestra democracia: la Corte Constitucional. Una cosa es que cuestione sus fallos y hasta sus decisiones más corrientes, como por ejemplo las causas que admite a trámite y el tiempo que se demora en hacer su trabajo (le molesta cuando no tarda), eso es normal: todo el mundo tiene discrepancias con la Corte. Pero lo de Angélica Porras va mucho más lejos. Lo que ella critica de ese organismo (y se trata de una diferencia irreconciliable) es su propio origen, que se remonta a las acciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de Julio César Trujillo y que ella considera ilegal y fraudulento. De la actual Corte Constitucional ecuatoriana, Angélica Porras lo cuestiona todo, empezando por su mera existencia.

Por esa razón, cuando este domingo la Asamblea, por iniciativa del correísmo (¡de quién más!), la puso en la cabeza de su terna para la renovación parcial de la Corte Constitucional, uno habría esperado que, con un mínimo de coherencia, se excusara de participar en el proceso. “No voy a ser parte de ese organismo ilegítimo”, debió decir. Pero no. Entre la perspectiva de un alto nombramiento (con su sueldo respectivo) y el elemental sentido del decoro, Angélica Porras eligió lo primero, evidentemente a falta de lo segundo: tanto despotricar contra la Corte y ahora resulta que es perfectamente capaz ir junto a los jueces Enrique Herrería o Daniela Salazar, a quienes lleva cuatro años tratando como a usurpadores de un cargo que no les corresponde, y sentarse entre ellos como entre pares. ¡Lo que hace un cargo público!

Su nominación para tan alta magistratura encaja perfectamente con el ‘modus operandi’ de los correístas, siempre ávidos de tomarse las instituciones democráticas para echarlas abajo desde adentro. Ellos son lo que la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo ha bautizado como “los burros de Troya de la democracia” (aclarando que lo de burros es para no dignificarlos llamándolos caballos). Angélica Porras será todo lo PhD, abogada constitucionalista y experta en derechos humanos que quiera (así se presenta) pero ni eso ni su probable elección alcanzarán para convertirla en jueza. Más que una vocación jurídica, un proyecto político la inspira, uno a cuyo servicio ella es capaz hasta de descender al albañal de la campaña sucia. Ya lo demostró en la arremetida contra Diana Salazar que ella comandó para la causa correísta. ¿Puede ser jueza constitucional una persona a quien una orden judicial ordenó retirar de sus redes sociales los insultos que puso contra la fiscal general del Estado?

101 asambleístas (de 113 presentes) votaron a favor de incluir a Angélica Porras como primera de la terna. Votaron por ella sin chistar los socialcristianos, que acababan de llegar a un acuerdo con los correístas para que apoyaran a su candidato a la vicepresidencia de la Asamblea (una compra como cualquier otra). Y votaron también los oficialistas, que si no tienen ahora un acuerdo con los correístas se mueren de ganas de tenerlo, porque se viene la reforma constitucional de las bases militares extranjeras, cuya aprobación requiere de 92 votos, y sin correístas no hay paraíso. Así que Porras. Angélica Porras, cuyo último ataque a la Corte Constitucional fue hace pocos días, precisamente por haber calificado como procedente la reforma: ella piensa que las bases extranjeras son un atentado al derecho de los ecuatorianos de vivir en paz. Pero el Gobierno no se fija en detalles: está feliz, instalando un burro de Troya en la sala de su casa.