Drogas: Lasso sacó el garrote

Simplemente no se entiende: prometen solucionar la crisis de las cárceles y lo primero que hacen es anunciar la penalización del consumo de las drogas. Salió Alexandra Vela, una ministra de Gobierno con un perfil tan bajo que da grima, y habló de la eliminación de la tabla de consumo como si se dispusiera a dar con ello un golpe mortal al narcotráfico. Da ternura. Y los narcotraficantes, los de verdad, los que el correísmo dejó apropiarse del norte de Esmeraldas mientras José Serrano cazaba vendedores callejeros en el barrio Garay, deben estar de fiesta: nada produce mayor movilidad en su negocio que un gobierno dedicado a combatirlos en los conciertos de rock, de fundita en fundita. O en los bares de La Mariscal, de esquina en esquina, de dólar en dólar.

Entre la multitud de reacciones histéricas que produce la tabla de consumo no se ha visto una sola que explique, en términos de relación causa-efecto demostrable y con estadísticas en la mano, que ella sea el origen del incremento de la inseguridad y la violencia. Tampoco la ministra supo explicar los mecanismos de esa relación y las razones por las cuales la proscripción de la tabla se va a traducir en calles más seguras. Ni lo intentó siquiera. Le bastó con tocar el nervio de lo que no es otra cosa que una superstición conservadora. Claro que con 15 asesinatos en Guayaquil relacionados con el narcotráfico en cuestión de cuatro días, cualquier gobierno se siente tentado de echar mano del expediente demagógico. Una lástima, considerando que Guillermo Lasso se presentó como una alternativa al populismo.

Lo más preocupante del anuncio de la ministra Vela es que no vino acompañado de ningún indicio que permita suponer una concepción medianamente compleja del problema de parte suya y de los que están a cargo. No hubo, por ejemplo, ni una mención a otro tipo de políticas públicas (de salud, de educación, de prevención…) para afrontar el problema del consumo. Garrote y punto. Como si la tabla tuviera que ver directamente con el narcotráfico y el consumo fuera un problema policial.

Y esto mientras los gobiernos más sensatos del planeta avanzan precisamente en sentido opuesto: hacia la despenalización total del consumo y de la comercialización de las drogas, por lo menos de ciertas drogas ostensiblemente menos dañinas que el tabaco y el alcohol, como por ejemplo la marihuana. Que no estamos listos, se dirá (hay analistas que ya lo están diciendo), porque como se sabe los ecuatorianos somos una cuerda de menores de edad incapaces de asumir responsabilidades. O un atado de imbéciles, directamente.

En países que no penalizan el consumo (entre los que supuestamente se encuentra este, por mandato constitucional expreso que el gobierno tendrá que reformar si quiere seguir adelante con esta idea descabellada), la llamada tabla de consumo es una herramienta que permite distinguir entre el consumidor y el narcotraficante precisamente para evitar que el consumidor termine preso por cargar una fundita. Sin esa distinción, sin un cuadro que establezca cantidades mínimas por sustancia, cualquier policía que encuentre a cualquier ciudadano con cualquier cantidad de cualquier sustancia estará obligado a detenerlo. Es peor que una inconstitucionalidad: es una estupidez.