Roberto Aguilar: ¿En manos de quién estamos?

La última vez que fueron vistos Josué, Ismael, Saúl y Steven, los cuatro niños de Las Malvinas, iban tumbados en la paila de una camioneta militar, con la bota de un gorila pisándoles el cuello. Desaparecieron, pues, bajo custodia del Estado. 

Es evidente que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, y el Comandante de la Fuerza Aérea, Celiano Cevallos, son incapaces de hacerse cargo de la gravedad de este hecho: continúan comportándose como si pudieran pasar de agache con dos o tres pretextos y evadir sus responsabilidades. ¿Qué tiene que ocurrir para que presenten su renuncia?

“Ecuatorianos, compartimos con ustedes el sentimiento de indignación”, arrancó diciendo el ministro Loffredo en la que probablemente sea la cadena nacional más indolente y vergonzosa que ha visto el país desde cuando el correísmo dejó de hacer cadenas nacionales indolentes y vergonzosas. ¿Está indignado el ministro? ¿En serio? Pues no parece compatible esa supuesta indignación con el espíritu de negación que lo habita. 

Porque su prioridad (y la del presidente de la República) es aparentemente esa: negar que esto sea una desaparición forzada. Vaya despropósito: desaparición forzada es aquella en la cual la detención ha sido operada por agentes del Estado. Exactamente como en este caso.

Y como no pueden negar que se los llevaron, quieren convencernos de que los soltaron. Sin pruebas, porque cuando se secuestran niños no se tienen protocolos, no se siguen procedimientos, no se dejan registros ni constancias. Como las mafias. Sí, hubo una “intervención militar”, dice el jefe del Comando Conjunto. 

Pero “se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores”. ¿Posteriores a qué? ¿A que los abandonaran? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y se cree dispensado de probar sus explicaciones? ¿Nomás hemos de confiar en él? ¿A cuenta de qué? Tan disparatada y contradictoria es la patraña montada por este grupo de señores que ya no hay forma de que se sostenga.

De pronto, este lunes, mientras el país reaccionaba con incredulidad ante el oportunismo del repugnante Ricardo Patiño, el ministro de Defensa halló “un informe”. ¿De quién? ¿De qué? ¿Dónde reposa? ¿Por qué no lo mostró en la cadena del sábado? ¿No lo conoció ese día, cuando se reunió con el alto mando para preparar sus declaraciones? Un informe que cuenta la triste verdad, dice: los niños eran ladrones. Se los encontró en delito flagrante. Ya se los llevan los militares y de pronto, “podemos inferir, imaginar”, les da lástima y los sueltan, inventa el ministro. Lo que ocurriera después, claro, no es responsabilidad de nadie. La falta de lucidez de Gian Carlo Loffredo es abrumadora.

Casi simultáneamente, en radio Democracia, entrevistado por Miguel Rivadeneira, el presidente Daniel Noboa despachaba con ligereza la más disparatada y extravagante, la más grosera de cuantas necedades se han dicho sobre este caso: “He sugerido a una comisión (?) que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”. ¿Héroes? ¿No que eran ladrones? Cualquier cosa con tal de no tener que ponerle nombres y responsables a la barbaridad cometida. 

Lo que sea, hasta lo más absurdo, para no hablar de lo importante: el desafuero, la impunidad, la falta de protocolos y reglas con que operan en la calle, en cuadrilla, en trinca, en barra, en patota, unos militares absolutamente impreparados para interactuar con la civilidad, capaces de arrear a patadas a un niño de once años que ni siquiera tiene la edad (pero ellos no lo saben, ellos no saben nada) para ser imputado de delito alguno. No faltarán un ministro y un general que los proteja. Pero con cuatro nuevos héroes en el altar cívico quizás olvidemos que estamos en las peores manos.