Roberto Aguilar: La ministra y la usurpadora

Qué pena con Ivonne Núñez, parecía una buena ministra del Trabajo. Encaró, entre otras cosas, la batalla que todos los gobiernos de este siglo rehuyeron: aquella contra los sindicatos del sector público que, con prácticas mafiosas, manipulaciones judiciales, amenazas y medidas de hecho han tenido bajo secuestro a las empresas del Estado. 

A las eléctricas, por ejemplo: esta crisis que ahora vivimos no es ajena a esos abusos. Empeñó la ministra toda su experiencia como abogada litigante en el campo del Derecho Laboral para desmontar el fraude que permitió a centenares, miles de funcionarios de esas empresas, sujetos a la ley de servicio público por la naturaleza de sus relaciones contractuales con el Estado, migrar hacia el Código del Trabajo para beneficiarse ilegítimamente de los beneficios del contrato colectivo. El suyo fue un esfuerzo valiente, ejemplar, por recuperar la institucionalidad. 

Hasta llegamos a pensar que creía en ella. Pero no. Hoy, con la misma decisión con que se encontraba librando esa batalla, la hemos visto asumir su parte en la sucia, despreciable estrategia del gobierno de Daniel Noboa para librarse de su vicepresidenta aunque en el camino tenga que hacer jirones con los principios elementales del Estado de Derecho: ahí está Ivonne Nuñez, armada con las tijeras más grandes. Vaya decepción.

¿Por qué lo hace? Es evidente que la orden, la absurda, inconstitucional, ridícula, grotesca y mezquina (por no decir, simplemente, grosera y estúpida) orden de abrir un sumario administrativo contra una mandataria electa en las urnas, viene desde arriba, de la Presidencia de la República. ¿Por qué Ivonne Nuñez la obedece y acepta sumergirse de cabeza en la miseria moral y política de este caso? ¿Para conservar el cargo? 

No parece que una abogada de sus quilates lo necesitara. ¿Tan poco se valora? ¿O acaso esta es la prueba que debe superar para merecer algún ansiado ascenso en el escalafón del servicio público? Pero, ¿a dónde puede ascender una ministra? ¿A la Fiscalía General del Estado? ¿Eso quiere Ivonne Núñez? ¿O quizá la representación de país en algún organismo de las Naciones Unidas, con sueldo de burócrata internacional y pasaporte de miembro ilustre de la élite del jet? ¿Es ese un buen precio por la dignidad de una persona?

Estas preguntas, por supuesto, dan por sobrentendido que la ministra Núñez entiende perfectamente la barbaridad que su ministerio está perpetrando y de la que ella es responsable política. Pensar lo contrario sería una falta de respeto a sus competencias como abogada. 

Un razonamiento parecido habrá que aplicar a Sariha Moya, la nueva vicepresidenta nombrada este lunes por Daniel Noboa para reemplazar a Verónica Abad: o ella cree que es legítimo suspender a un mandatario electo por sumario administrativo, en cuyo caso estaría simplemente incapacitada para ejercer el cargo por ignorante, o sabe perfectamente que ella es una usurpadora y le vale tres atados, en cuyo caso sería una trepadora de cuidado. Fea gente resultó ser la de este nuevo Ecuador del que hablan tanta maravilla. 

Gente capaz de cualquier cosa por preservar su metro cuadrado de poder, convertido en el atributo que, pobrecillos, los define como personas. Algunos principios y valores que en el viejo Ecuador, el Ecuador de toda la vida, se daban por sentados, se echan de menos en el nuevo: el principio de que las órdenes injustas, ilegales y por añadidura estúpidas, no se obedecen. Que hay que saber negarse y retirarse a tiempo. Y que, por si un acaso, hay que tener siempre preparada la renuncia.