Hablar claro no cuesta nada

Al alcalde Jorge Yunda le jalaron las orejas, eso lo sabe todo el mundo. Pero después del llamado de atención por haber provocado el desconcierto en la capital de la República con el anuncio de una serie de medidas desaforadas e inconsultas, nadie (y él menos que nadie) ha hablado claro. Y hablar claro debería ser la norma en tiempos de emergencia nacional. 

Ayer por la mañana, en radio Visión, le preguntaron directamente si siguen vigentes las disposiciones que anunció el lunes por la noche y que incluían prohibición de uso de veredas y calzadas y restricción total del transporte público. Y él, 24 horas después del jalón de orejas, respondió: “hay que preguntarle al Comité de Operaciones de Emergencia (COE)”. Respuesta de un resentido. No dijo que no; tampoco dijo que sí: tendió una cortina de humo para precautelar su imagen y evitar el trago amargo de dar marcha atrás. No lo ha hecho.

El caso es que el comunicado oficial del lunes por la noche, con todas las medidas restrictivas cuestionadas, continuaba exhibido en la cuenta de Twitter del Municipio de Quito, por lo menos hasta bien entrada la tarde de ayer, como tuit fijado en la cabecera. Y en la página oficial de ese organismo aún figuraba entre las noticias destacadas, junto con una foto de Jorge Yunda con mascarilla. Sin explicación alguna, sin desmentido. Prohibición de uso de veredas y calzadas y restricción total del transporte público. Como si nada hubiera pasado.

Hasta las mismas autoridades que le jalaron las orejas al alcalde omitieron su obligación de hablar con claridad. El martes, a donde iban el vicepresidente Otto Sonnenholzner y la ministra de Gobierno María Paula Romo, de lejos los voceros más calificados del Gobierno, les preguntaban sobre el tema. Y en cada caso ellos respondían con igual evanescencia: “Hemos hablado con el alcalde Yunda y le hemos explicado la importancia de que el transporte público permanezca operativo”. “Cualquier decisión que quieran tomar los alcaldes deben pasarla como sugerencia para que el COE la apruebe”. ¿Es obligatorio para los políticos responder por aproximación? ¿Tanto cuesta decir “no, las medidas del alcalde de Quito fueron inconsultas y no están vigentes”? El caso es que nadie (¡nadie!) lo ha dicho.

Ayer, en consecuencia, varias cooperativas de transporte pesado de la capital (aquellas que la ministra Romo ha dicho que sí están autorizadas para circular) cumplieron su segundo día de paralización forzosa. El gerente de una de ellas, consultado telefónicamente por este columnista, explicó el motivo: “porque el Municipio nos va a multar con 6 mil dólares”. Hubo pequeños productores (de productos de limpieza, por ejemplo, o de alcohol gel, para que todo resulte más absurdo) que se quedaron sin vender nada porque en este país nadie habla claro. Patético. Y en las redes el desconcierto continuaba: “¿Tengo que ir en taxi a comprar víveres?”. “¿Ya se pusieron de acuerdo?”.

“Todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro”. Muy oportuna la cita de Albert Camus tuiteada ayer por Arturo Moscoso. Cita extraída de La peste, por más señas. En el Ecuador, donde la gente se extenderá en absurdas descripciones del tipo “siga dos cuadras después del tercer semáforo, vire a la derecha y pase la gasolinera” con tal de no dar el nombre de la calle y el número de la casa, la comunicación por aproximación parece ser una de las causas del subdesarrollo. ¿Hablar claro cuesta tanto? En tiempos de emergencia sanitaria, cuesta más no hacerlo.