Poder absoluto
El control de los Estados de excepción y la interpretación constitucional deben retornar al Congreso...
El interés de los teóricos que estudian el poder, encuentra su contrapartida en Loewenstein, a quien -más que su estudio- le preocupa cómo impedir su transformación en despótico y arbitrario, desarrollando los mecanismos de control sobre el poder público. Nos lega así un axioma: no puede haber poder exento de control.
Un buen ejemplo de esto es la interpretación constitucional: siempre estuvo conferida al Parlamento. Lo cual significaba el ejercicio de un poder compartido con el Ejecutivo, debido a su potestad general de veto -y en este caso particular- sobre la ley interpretativa. Había así un control presidencial sobre el poder del Congreso y no un ejercicio descontrolado del mismo.
Al entregársele exclusivamente a la CC, se creó un poder absoluto e ilimitado, que -tal como previó Loewenstein- se convirtió en abusivo. Sin mencionar el extemporáneo despelote que han armado con lo del Yasuní, el ejemplo más desastroso es el ‘habeas corpus’: la Constitución le asigna la concesión del mismo a las cortes provinciales. La CC se inventó que podían concederlo los jueces de primera instancia, gracias a lo cual, ‘Manglaralto’ Glas, JR y otros narcos, fueron puestos en libertad.
¿Daño social? Ilimitado. Los delincuentes están en la calle y no en la cárcel.
La Constitución correísta pervirtió la tradicional misión de las FF. AA, cual era la defensa de la seguridad nacional. El 2015 se logró una reforma constitucional para permitir su apoyo complementario a la seguridad interna, pese a lo cual, años después la CC impidió la salida de las FF. AA. a las calles para controlar la delincuencia, lo cual obligó al presidente a plantear una innecesaria consulta popular. ¿Daños?: otra vez la delincuencia en las calles y la millonada que costó la fallida consulta.
Lección: no puede haber poder exento de control, pues se transforma en arbitrario, como el de “la mejor corte de la historia”.
El control de los Estados de excepción y la interpretación constitucional deben retornar al Congreso para que vuelva a existir un ejercicio compartido del poder y no este abusivo sistema ejercido por una nefasta corte.
