No existe la “muerte cruzada”
Vaya nombrecito para designar al poder de disolución del Congreso. Nunca dejé de preguntarme el porqué de tan cantinflesca denominación. Hacer el ridículo -hasta el punto de asimilar la Constitución a una funeraria- no era obstáculo para los payasos que la crearon. Pero con el tiempo logré asimilar que el tema no pasa por lo jurídico. No. Los burregos de Montecristi lo posicionan en nuestro argot político para hacernos creer que es la quintaesencia de la igualdad democrática: un país en que el presidente puede deshacerse del poder Legislativo en dos patadas. Y viceversa. Falso. Recuerden que ellos diseñan una Constitución para Correa. Es supremamente ingenuo pensar que hicieran lo contrario. Solo tenían que hacérnoslo creer con su pend… nombrecito. Es que -si bien las causales para el despelote son las mismas y ambos se van a la casa- es mentira que el presidente pueda ser enviado a la suya, sin la “barrera de contención” que existe en cualquier moderna democracia constitucional: el juicio político, que hace inaplicable la “destitución” del art. 130 (el de la muerte cruzada), pues semejante procedimiento -en la práctica- toma meses. Y es así porque la norma de la muerte cruzada es trucha. Falseta. Inaplicable. Fuera de contexto. El juicio político al presidente no es sino la expresión democrática de las garantías del debido proceso, establecidas en los arts. 11.9, 76, 169, 194 y 437.2. Y como “las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad” (art.427), no es posible aplicar el art. 130 de forma aislada; debe aplicarse el 129 (juicio político), en el mismo contexto de todos los demás que tutelan las garantías del debido proceso. Así, el único “cruce” posible, es este nuevo entre borrego y burro, que solo se ve en este país. Además… ¿qué Corte Constitucional en el mundo emitiría dictamen favorable para que el presidente elegido por el pueblo hace solo 6 meses se fuera a su casa? Da risa solo pensarlo. Por cierto: hay una gran diferencia entre salir a buscar los votos (que no hay) para aprobar una ley, o ponerla en vigencia y que los opositores tengan que conseguir los votos para reformarla.
