Roberto Passailaigue: Las amenazas de la Conaie
El presidente electo debe actuar desde el inicio con firmeza, decisión y mano dura
Bajo el membrete de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – Conaie-, se emitió un comunicado fechado en Quito el 19 de octubre de 2023, manifestando que “frente al nuevo gobierno del Ecuador, en total respeto de la voluntad popular expresada en las urnas… consecuentes con nuestro proyecto político de izquierda, ratificamos las demandas prioritarias de los pueblos, nacionalidades, de amplios sectores y de organizaciones sociales del campo popular”.
Dicho comunicado, irrespetuoso y deleznable, no es otra cosa que un burdo enunciado ideológico de quince puntos, unos de relleno, otros viables y varios realmente absurdos e imposibles, con que se pretende instruir el accionar del nuevo presidente. Lo reprochable es que a manera de amenaza se le recuerda que “estas demandas surgieron de las movilizaciones de octubre de 2019 y los diez puntos de lucha de junio de 2022”, exigiendo al gobierno de Daniel Noboa -que aún no se posesiona- a que las cumpla, lo que constituye un plan de gobierno de esos grupos radicales, mariateguistas, saopaulistas, que quieren gobernar, sin participar en las elecciones, sin haber sido elegidos ni ser gobierno.
Llaman a consolidar la unidad de la izquierda y el campo popular, para concentrarse en fortalecer la agenda de lucha en territorio, convocando a la unidad organizativa de sus bases, para actuar en coherencia con los procesos organizativos ideológicos y políticos. El comunicado es un llamado a la sedición y a causar terror en la ciudadanía, llevando implícito el chantaje de que si no acogen sus pedidos, vuelven a organizar los levantamientos y desmanes como en 2019 y 2022.
El presidente electo debe actuar desde el inicio con firmeza, decisión y mano dura, al amparo de la ley, sin dejarse presionar por estos grupos de sediciosos radicales que, unidos a delincuentes y desadaptados actúan en desmanes, tumultos y vandalismo, destruyendo la propiedad pública y privada, atentando contra la salud y la vida de los ciudadanos, destruyendo y quemando instituciones de control, en sus protestas armadas y violentas.
