Roberto Passailaigue: ¿Enemiga o aliada?

Jamás se podría considerar a la educación particular o privada como enemiga. El sector educativo es uno solo y el subsector de la educación particular es el más fuerte aliado para la educación pública, los gobiernos, padres de familia y sociedad. Por tanto, las autoridades no deberían atentar contra ella ni vulnerar sus derechos, respetando la naturaleza jurídica propia de cada institución. Estratégicamente se la debe apoyar, no asfixiarla o esquilmarla para que desaparezca, porque el Estado por sí solo no puede satisfacer la demanda educativa.

Constitucionalmente, “la educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares” (art. 345). Por tanto, el sector privado puede regentar instituciones educativas particulares como parte del servicio público para materializar la garantía de que “las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas”. (art. 29)

Al matricularse un estudiante en un establecimiento particular, en cualquier nivel, deja un cupo libre en la educación pública para que sea utilizado por quien quiera ese tipo de educación. El 90 % de usuarios particulares lo hace mediante esfuerzo familiar para cubrir su costo, porque no existe educación gratuita sin costos. Lo que existe es la educación estatal, pública o fiscal, financiada y pagada por el Estado con los recursos, impuestos y contribuciones de todos los ciudadanos; y la educación privada, financiada y pagada por los ciudadanos en forma particular, no porque les sobre el dinero o sean millonarios, sino porque quieren dar a su hijo ese tipo de educación, haciendo uso del derecho para escoger una formación acorde a sus principios, creencias y opciones pedagógicas.

No se puede castigar a este padre o estudiante con medidas discriminatorias, negándole los mismos derechos que a los estudiantes de colegios públicos o fiscomisionales, por cuanto ellos aportan al Estado al no consumir sus recursos educativos para que se beneficien los otros.