Roberto Passailaigue: Política fiscalista impuestera
Lo que se debe hacer es incrementar la producción petrolera y minera
Las rentas son las utilidades o beneficios que incrementan el patrimonio de las personas naturales o jurídicas, cualquiera que sea la actividad dentro de un año comercial y, los impuestos son tributos o cargas que las personas están obligados a pagar, por tanto, el impuesto a la renta grava las rentas o utilidades obtenidas por personas naturales o jurídicas.
Legal e históricamente, no están sujetas a este impuesto las instituciones privadas sin fines de lucro, legalmente constituidas y que no reciben utilidades o rentas, como las de: culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia; cultura; arte; educación; investigación; salud; etc.
Utilizando mal la emergencia en que vivimos, se envió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador, por el que, utilizando criterios errados, se pretende eliminar de la excepción al impuesto de la renta a las universidades privadas, que son organizaciones sin fines de lucro, y queriendo imponerlo sobre el ingreso bruto, distorsionando la naturaleza jurídica de renta.
Señala un impuesto del 1 al 2 %, que será fijado por el Ejecutivo y que generaría unos doce millones de dólares (más o menos), cifra insignificante dentro de la magnitud de las finanzas públicas, compensándose con un crédito tributario sobre el valor de las becas otorgadas a los estudiantes de colegios fiscales y fiscomisionales, discriminando a los estudiantes de colegios particulares.
Aparte de lo ínfimo del impuesto, lo de fondo es su creación, que vulnera la seguridad jurídica al eliminar la excepción a un ente sin fines de lucro como son las universidades privadas, imponiendo un impuesto a la renta que es al ingreso bruto, lo que corresponde a una errada política fiscalista impuestera que debe ser rechazada por todos los sectores políticos en la Asamblea.
No más impuestos. Lo que se debe hacer es incrementar la producción petrolera y minera, la focalización de subsidios, reducir la carga burocrática, garantizar la seguridad jurídica y atraer la inversión privada.
