Amnistía o impunidad

La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen como atribución de la Asamblea Nacional el conceder amnistías por delitos políticos, pero no procede por delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Para la amnistía influyen circunstancias graves, como conmoción nacional, lo cual no existe en el Ecuador, pero es invocada por la presidente de la Asamblea para justificar la atrocidad histórica y jurídica, sosteniendo que ha sido “pensando en la reconciliación y unidad del Ecuador”. Su concesión responde a acuerdos políticos y es una agresión a la Función Judicial, cuya actividad no debe ser interferida o avasallada por conveniencias y arreglos políticos de la Función Legislativa; claro que han mantenido una tardanza y lentitud casi cómplice, en muchos de esos casos.

El 10 de marzo, siendo las 04h00, como un parto de los montes, la Asamblea Nacional en una sesión sin precedentes en el periodo legislativo, haciendo tabla rasa de la Constitución y leyes, entre gallos y medianoche 99 asambleístas ultrajaron la legalidad, la decencia y valores humanos. El Ecuador, sus ciudadanos y su capital hemos sido ofendidos por este acto repudiable, al mezclar en un solo saco a 268 ciudadanos entre los que habría muchos que sí merecían la amnistía, incluyendo a delincuentes comunes, secuestradores, agresores con intento de asesinato, saboteadores, terroristas, vándalos que destrozaron la propiedad pública y privada. Esto no pudo pasar si no se prestaban los votos independientes de la bancada de Gobierno, BAN, para luego uno de ellos lamentar que se vieron acorralados.

Se están sentando funestos precedentes para que, bajo pretextos de reclamos sociales o manifestaciones, se cometan delitos comunes contra la vida, saqueos, secuestros, robos y destrucción de la propiedad pública y privada, subversión, terrorismo y muchos otros que no son sujetos de amnistía, como los delitos de octubre de 2019. La resolución no es de amnistía, sino de impunidad.