No a la corrupción judicial
No es novedad que delincuentes sorprendidos en robos, asaltos o cualquier otro tipo de delitos, registran un historial delictivo de 20, 50 y hasta más de 70 detenciones, lo que evidencia no solo la benignidad de las leyes que favorecen a los delincuentes, sino la permisividad y desidia de los entes controladores de los operadores judiciales y la existencia de una especie de delincuencia organizada con visos de legalidad, de la que participan operadores de justicia con la intervención de abogados, que hacen de la noble profesión del derecho y la técnica jurídica, un ‘modus operandi’ propio de una organización delictiva.
Solo bastaría con revisar las estadísticas de los casos escandalosos y analizar quiénes son los jueces, fiscales y abogados, para determinar una línea de conducta planificada para perjudicar la seguridad pública, cuyo bien jurídico protegido es el Estado y también la sociedad.
El abogado tiene la obligación de defender a su cliente, pero para el efecto debe utilizar el derecho y no las leguleyadas y triquiñuelas para defender a un delincuente o corrupto, dando apariencia de legalidad a su accionar coludido.
Además del campo penal, también se han corrompido las acciones de protección en materia constitucional, por la que cualquier juez, de cualquier especialidad, jurisdicción y competencia, está facultado para conocer y resolver de las violaciones de los derechos constitucionales; al hacerlo, ponen en evidencia su total ignorancia de la normatividad, así como del interés para favorecer y conceder el recurso de amparo, en una suerte de acuerdo previo para la resolución.
Estos malos operadores de justicia y abogados manchan el noble ejercicio de la abogacía y desacreditan a una Función Judicial o Fiscalía que son base fundamental para la convivencia social en una cultura de paz, respeto, orden, disciplina y justicia.
Ya es momento de parar tanta corrupción, como lo ha demostrado el último caso de un juez manabita que, contra todo principio jurídico, otorga un recurso de amparo contra una resolución legislativa implementada en legal y debida forma.
