La educación y la emergencia
"Estas medidas no solo solucionarían la actual emergencia financiera del país, sino que normalizarían el buen uso de las finanzas públicas para muchos años".
La Universidad de Guayaquil con 152 años de creación, donde se forman anualmente 170.000 estudiantes, con 2.815 profesores y 1.211 colaboradores de apoyo administrativo, que la ubican como la más grande del país, sería la más afectada con la disminución presupuestaria, con $ 12’ 899.408,16 que reduce las partidas para la contratación ocasional del personal docente y administrativo. Para evitar esa baja presupuestaria se ha sugerido analizar acciones para solucionar el grave problema fiscal que hace años distorsiona la planificación y ejecución de las finanzas públicas, incentivando la creación, producción y competitividad de empresas públicas y privadas, activando nuevos emprendimientos, generando más plazas de trabajo y aumentando la recaudación tributaria. Para ello se propone las siguientes alternativas.
1) Reducir el tamaño del sector público. Hace 13 años eran 14 ministerios y en la actualidad, son más de 40.
2) Proceder a un ajuste y ordenamiento de las remuneraciones del sector público, aplicando una política salarial acorde con los países de la región.
3) Garantizar la seguridad jurídica y efectuar reformas legales acordes a los tiempos y necesidades del país y sus ciudadanos, que estimulen la inversión extranjera y nacional, respetando la no retroactividad de la ley, no discrimen, igualdad, inclusión y equidad.
4) Crear incentivos y beneficios para quienes inviertan recursos frescos, con un periodo de gracia tributaria y con nuevas modalidades de contratación laboral.
5) Focalizar el subsidio a los combustibles para beneficiar solo a las clases más necesitadas, evitando que siga favoreciendo a las empresas y clases que sí pueden pagar precios internacionales, o a contrabandistas y narcotraficantes.
6) Proceder a la renegociación de la deuda pública externa e interna, con intereses más bajos y plazos más amplios, así como las condiciones de la pignoración o preventa del petróleo.
Estas medidas no solo solucionarían la actual emergencia financiera del país, sino que normalizarían el buen uso de las finanzas públicas para muchos años.
