¿Qué es lo que no se hizo?
Toda una mixtura de capacidades e incapacidades permitida por la Constitución de Montecristi
Una vez que la disolución de la Asamblea Nacional ha sido oleada y sacramentada por la Corte Constitucional y asimilada favorablemente por la ciudadanía, viene lo que deberá pasar después.
Estamos ante un periodo atípico de excepción, inédito en nuestro país; por un acto igual en el Perú se produjeron revueltas y levantamientos de indígenas que han ocasionado más de 90 muertos. En Ecuador no ha pasado nada y la mayoría de asambleístas cesados han aceptado la muerte cruzada a cuenta de que ellos lo habían solicitado primero, razón por la que ciertos políticos sostienen que existió un acuerdo oculto.
El caso es que en un período muy reducido se deberá organizar y ejecutar el proceso electoral para el reemplazo de los salientes, por el tiempo que faltare en sus periodos. La lluvia de candidatos no se ha hecho esperar y como dicen en mi tierra, vendrán “más peores y menos mejores”; lloverán perros y gatos, unos bien intencionados y otros en busca de la troncha; unos improvisando y otros con libreto previo para apropiarse del país; unos que quieren llegar y otros que quieren volver. Unos con experiencia profesional y estudios en Harvard, otros con certificado de quinto grado de escuela y experiencia en administrar un charol de caramelos, o de dirigir masas para invadir la propiedad privada. Toda una mixtura de capacidades e incapacidades permitida por la Constitución de Montecristi, que tiene que ser derogada o reformada.
¿Qué es lo que no se hizo y se debe hacer? Muchas cosas, entre las principales: los trámites para derogar, reformar o dictar una nueva Constitución dentro de los 90 días después de la posesión. Reformar el Código de la Democracia, las leyes orgánicas de la Función Legislativa, de Educación Intercultural; eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura y todas las normas legales que benefician a los delincuentes en perjuicio de la ciudadanía o que permiten la corrupción en la administración pública. Especialmente, acabar con la delincuencia, imponer orden, paz y disciplina ciudadana.
