De terrorista a segundo presidente
'Tremenda desfachatez solo puede ser comparada con la sedición, rebelión, sabotaje y terrorismo causados en octubre pasado en Ecuador'.
Según el Diccionario de la Lengua Española, “terrorismo” es la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, o la actuación criminal de bandas organizadas, que pretende crear alarma social con fines políticos. Sedición es “el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión.” Y rebelión es el “delito contra el orden público, penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos.”
Estas tipificaciones delictivas se cometieron en octubre anterior en nuestro país, en que bajo la figura de protestas sociales se produjeron actos violentos de vandalismo, perpetrado por bandas organizadas para infundir terror, demostrando su hostilidad contra los poderes del Estado y el orden constituido, organizando un levantamiento colectivo contra las autoridades de gobierno, con ataques a la Policía y al Ejército.
Siguiendo consignas de los grupos participantes, las protestas se produjeron en Chile, Bolivia, Colombia y otros países de la región. Esta semana hizo noticia que el gobierno de Guatemala expulsó de su territorio a Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -Conaie, acompañado de dos dirigentes indígenas, por “soliviantar los ánimos en el país y hacer trabajo político”.
En sus declaraciones el presidente de la Conaie reclamó que no se le habían guardado las consideraciones como autoridad ecuatoriana en su calidad de “segundo presidente del Ecuador”. Tremenda desfachatez solo puede ser comparada con la sedición, rebelión, sabotaje y terrorismo causados en octubre pasado en Ecuador. Bien con las autoridades de Guatemala que no permitieron actos sediciosos y terroristas en dicho país.
Que sirva de ejemplo a las autoridades ecuatorianas, en especial a los operadores judiciales para que, imponiendo orden y haciendo justicia, sancionen a todos los causantes de los actos delictivos del octubre negro ecuatoriano.