Vergüenza de informe
Agotada la instancia legal de llamar a juicio político al presidente por una sola vez dentro de su período, ahora vuelve la mula al trigo
La Comisión Ocasional de la Asamblea creada para investigar una supuesta vinculación del presidente de la República con el narcotráfico liderado por albaneses, así como la manipulación y ocultamiento de un informe de la Policía Nacional que involucraría a su cuñado y por su intermedio al presidente, en el caso denominado El Gran Padrino, ha presentado su informe en más de 200 páginas.
Dicho documento evidencia, desde su sugestiva portada, lo parcializada de la comisión, con una guía preestablecida para llegar al resultado de culpabilidad pregonado desde el inicio, con manifestaciones de prepotencia, histerismo e ignorancia en su direccionamiento y procedimientos, donde no se investigaba la verdad de los hechos conforme a la sana crítica y al derecho, sino que armaron la teoría de la conspiración, pretendiendo hacer aparecer como que el presidente de la República estaba incurso en todas las causales de destitución que establece la Constitución, incluyendo traición a la patria.
Ese informe debe avergonzar a sus redactores. Elaborado con criterios subjetivos, conjeturas y suposiciones, es un aborto mental que ofende a la sana crítica, la razón y juridicidad, demostrando que el verdadero interés fue dar visos de legalidad a un mecanismo para su derrocamiento, sin que se sustente la existencia de un delito y peor la vinculación real directa de Guillermo Lasso. Ya en una ocasión anterior la oposición lo intentó, pero el Partido Social Cristiano no se prestó para consumar la aberración política que pretendían los asambleístas de UNES.
Agotada la instancia legal de llamar a juicio político al presidente por una sola vez dentro de su período, ahora vuelve la mula al trigo, queriendo inventar y sustentar causales inexistentes para destituirlo. Seguro que en la Asamblea podrán existir los votos necesarios para iniciar el segundo juicio político, pero deberá pasar para dictamen de procedencia a la Corte Constitucional, donde sus magistrados actuarán en estricto derecho y de ser así, deberán pronunciarse por la improcedencia del juicio político, por ilegal e inconstitucional.
