Yasuní y la actividad petrolera (III)
Solo en los últimos cinco años, el sector se ha beneficiado con $ 40 millones.
La Corte Constitucional no pudo ser más inoportuna y perjudicial al país al aprobar una consulta popular fuera de tiempo, presentada hace 10 años, por tanto extemporánea y sobre hechos consumados, sin considerar el bien mayor de los ecuatorianos.
No es verdad que se pone en peligro de extinción a la mayor biodiversidad del planeta. Si en 10 años que ya se viene explotando no ha pasado nada, ya no pasará en lo posterior, cuando la actividad humana contaminante es mínima. Además, el área del Bloque 43 ITT, siendo solo de 80 hectáreas, ocupa menos del 0,01 % del Parque Yasuní, con un área total de 900 mil hectáreas. De haber afectaciones, son mínimas y en la actualidad ya estarían consumadas, con las construcciones de carreteras, campamentos, etc. Solo hay extracción responsable con la más moderna tecnología. En 10 años de explotación, sigue igual la biosfera y se trata de hechos consumados. Si no extrae el Ecuador, lo hará el vecino, que tiene pozos petroleros en la frontera.
De la misma manera, no existe genocidio, como escandalosamente argumentan, pues las tribus no contactadas no están en dicha área; ya se han ocultado mucho más allá de las pocas 80 hectáreas y no reciben influencia ni tienen contacto con las civilizaciones. Por el contrario, se causa grave perjuicio al Estado ecuatoriano al dejar de percibir $ 1.200 millones anuales, que se distribuyen en educación, salud, gobiernos seccionales y en el Presupuesto General del Estado. Aparte de cerca de $ 900.000 que costaría su desmantelamiento, y $ 2.000 millones aproximadamente en daños colaterales por demandas contra la Estatal Petrolera por incumplimiento de contratos. Perderían los beneficios directos siete comunidades del sector, con cerca de 661 familias y 2.514 habitantes indígenas; y se despediría a 915 trabajadores. Solo en los últimos cinco años, el sector se ha beneficiado con $ 40 millones.
En la consulta popular hay que votar NO, para que NO se aumenten los impuestos y NO se disminuya el presupuesto al Sistema Nacional de Educación ni a las universidades, gobiernos seccionales, ni al Sistema Nacional de Salud.
