Rosa Torres | La falta de seguridad jurídica
El país requiere jueces probos y una reestructuración de la Policía y de las Fuerzas Armadas
La población ecuatoriana está cansada de los ofrecimientos de que se va a recuperar la seguridad ciudadana perdida, cuando lo que siente diariamente es todo lo contrario. Cada vez hay más impunidad, más violencia y más corrupción en todos los sectores.
Las preguntas que debe responder el nuevo gobierno que se posesiona el jueves son: ¿cómo va a devolverle la paz a los ecuatorianos sin que existan jueces probos y autoridades jurisdiccionales comprometidas con la aplicación de una justicia al servicio del pueblo ecuatoriano y no de los delincuentes y de los corruptos que compran fallos y libertades? ¿Cómo puede un ministro del Interior o de otro ramo creer en la seguridad jurídica del Ecuador si hay jueces que deciden reintegrar a los cuarteles a 286 policías que fueron judicializados por actos deshonestos? ¿Cómo puede confiar la población en jueces de la Corte Nacional de Justicia que están aceptando repetir las pruebas de confianza, durante el concurso de selección, como si fuesen colegiales rindiendo exámenes supletorios o remediales? ¿Cómo puede decir un magistrado que existe seguridad jurídica si hay jueces que dejan en libertad a procesados porque permiten el vencimiento de los términos? ¿Cómo puede el pueblo creer que hay administración de justicia en el Ecuador si se permite el sobreseimiento de los procesados por el caso de la compra de los helicópteros Dhruv? ¿Cómo se pretende luchar contra la delincuencia común, la violencia criminal y el narcotráfico con un marco legal que favorece la impunidad de quienes cometen los delitos? ¿Cómo se puede pedir a la Asamblea Nacional, que acaba de posesionarse, que reforme el marco jurídico del país si entre los legisladores hay quienes han sido señalados por cometer actos irregulares?
La situación es compleja y solo una sociedad civil unida, sin regionalismo ni egoísmo, puede presionar al poder político y jurisdiccional del país para que se den los cambios que permitan, no solo lograr seguridad jurídica, sino un reforzamiento de la estructura de la Fuerza Pública (Policía y Fuerzas Armadas). En eso se tiene que trabajar arduamente. El país lo necesita.
