Rosa Torres Gorostiza | Los cortes de la incertidumbre
La crisis energética en Ecuador es resultado de décadas de dependencia de la generación hidroeléctrica
Los cortes de energía ni son de menos de ocho horas ni se sabe hasta cuándo durarán porque la incertidumbre es la que marca la programación de los apagones del Ministerio de Energía.
Desde hace 30 años, por lo que ocurrió en la represa Daniel Palacios y la hidroeléctrica Paute entre 1994 y 1995, se conocía con claridad que iba a ser un gran problema en el futuro depender solo de la generación hídrica, porque el agua también es un recurso que escasea.
Diez presidentes que gobernaron entre seis meses (Abdalá Bucaram) y diez años (Rafael Correa), sin incluir el de Daniel Noboa, han tenido el país durante esas tres décadas, y cada uno, a su tiempo y turno, enfrentó la problemática del estiaje con políticas aisladas, no exentas de corrupción, que es lo que ha llevado al Ecuador a la escasez actual.
A ningún gobierno, ni tampoco a los asambleístas ni a las autoridades locales, les interesó adaptar el marco jurídico nacional o de sus jurisdicciones a las nuevas circunstancias mundiales que llevaran al país a prepararse con todos los tipos de generación de energía posibles, que permitieran mantener la productividad y los servicios básicos para la población, entre ellos el agua potable, la telefonía celular y el internet.
Solo con la ejecución de políticas públicas, no gobiernistas ni populistas, si las condiciones climáticas impidieran la generación hidroeléctrica, el país podría tener ahora otras fuentes: la térmica, la eólica, la geotérmica, la termosolar y la fotovoltaica.
Con excepción del pequeño parque eólico Villonaco, de Loja, que abastece a 200.000 habitantes, no hay otros proyectos similares en el país para atender a una población de 18 millones de habitantes. Y eso es lo grave.
¿Por qué si no hay luz tampoco hay agua? Hay dos causas. La primera: no se han construido los embalses necesarios para garantizar la provisión de agua. La segunda: no todas las plantas de tratamiento tienen generadores de energía de emergencia propios, ni tampoco los han colocado en las estaciones de bombeo.
En conclusión, la responsabilidad de lo que pasa debe ser compartida entre la clase política gobernante, nacional o local, que no ha hecho ni ha dejado hacer.
Esta no será la última sequía: hay que prepararse para muchas más, y más graves.
