Rosa Torres Gorostiza | La mafia de los combustibles
Solo en el 2023, el Estado perdió 69 millones de dólares en ocho poliductos, por las perforaciones que hacen los traficantes
El tráfico de combustibles no ha sido ni es un secreto en el Ecuador desde hace décadas. Todos los gobiernos han hablado de él. Todos los presidentes de la República, desde que tengo memoria, han anunciado un combate frontal, pero la realidad es que, en vez de acabarse el contrabando, las mafias han crecido al punto de convertirse en regionales e internacionales.
Miles de millones de dólares del subsidio a los combustibles están ahora en poder de los traficantes, los cuales los han hecho más poderosos y más difíciles de atrapar.
¿Se han preguntado cuánto dinero ha llegado en forma de gas, gasolina, diésel y otros, a los países vecinos, a través de las fronteras? Si sacamos cuentas, con solo el 10 % del diésel subsidiado que va a manos de los contrabandistas, según cifras del Ministerio de Energía, estamos hablando de alrededor de 53 millones de dólares anuales. En treinta años, la suma es de 1.590 millones de dólares. Y eso que falta contabilizar lo que el país pierde por el contrabando de gas, que seguramente será una cifra similar o igual.
Pero no solo el contrabando es por diésel, o por gas, o por la gasolina extra -cuando tenía subsidio-, sino por todo el producto que se roban a través de los poliductos, que nadie parece estar contabilizando, y que llega al otro lado de las fronteras, o a las aguas internacionales en el Pacífico, tal vez a los barcos chinos que ahora mismo están pescando cerca de las costas ecuatorianas.
Por primera vez en treinta años hay procesos judiciales abiertos contra las personas naturales y jurídicas sospechosas de tráfico de combustibles. Y las investigaciones y la exposición de ahora no han nacido del gobierno central, de los asambleístas o de los gobiernos locales, sino de denuncias de personas que podrían estar vinculadas al negocio de las mafias, y que se han visto afectadas en sus intereses particulares.
Hay que prestar atención a las empresas relacionadas con el alcalde Aquiles Álvarez, pero también a las otras 19 compañías y 36 personas naturales que se mencionan en una de las dos investigaciones fiscales abiertas. Son empresas, legalmente constituidas, las que se han quedado con gran parte de la plata de los subsidios de todos los ecuatorianos. No se está subsidiando a los pobres; se está enriqueciendo a las mafias del contrabando.