Rosa Torres | El abuso de una protección
Las mismas mujeres, faltas de ética y de moral, están pervirtiendo un código, distorsionando lo que es un derecho
El espíritu de la reforma al Código de la Democracia, que rige desde 2020, no era que, bajo el pretexto de la violencia política de género, las mujeres dedicadas a la política comenzaran a denunciar a diestra y siniestra a sus adversarios, como si con ello ayudaran a corregir desigualdades entre lo masculino y lo femenino.
Tan equivocadas están aquellas concejalas, ministras, legisladoras y demás mujeres que ocupan otras dignidades, unas de elección popular y otras no, que, escudadas en una normativa de protección de género, acuden ante el Tribunal Contencioso Electoral para iniciar procesos contra otros funcionarios o servidores públicos a los que antes habrían denunciado por calumnia. Esas mujeres están malgastando el dinero público, que debería estar destinado a verdaderos casos de violencia política.
Tan responsables del tremendo abuso de esta protección son las falsas víctimas como los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, que aceptan las denuncias a trámite y emiten las sanciones, así como los asambleístas que, en 2019, hicieron la reforma al Código de la Democracia. Esta reforma contiene una subjetividad y generalidad que permite que cualquier mujer que quiera atacar a su adversario pueda acogerse a la ley, sin importar el tipo de adjetivo calificativo que hayan utilizado en su contra. De esta forma, las mismas mujeres están pervirtiendo un código, distorsionando lo que es un derecho y actuando en contra de quienes sí necesitan esta protección. A esas víctimas les están provocando daño, opacándolas.
¿Y qué es la violencia política de género? Se trata de cualquier acción u omisión que menoscabe o anule los derechos político-electorales de las mujeres. No es violencia política de género cuando un periodista expone las irregularidades de una autoridad, no por ser mujer, sino por estar abusando de su poder o porque está inmersa en actos que menoscaban fondos públicos.
No es violencia política de género que un alcalde le diga “vaga” a una concejal que no asiste a las sesiones del concejo. Tampoco es violencia de género decir “recadera política”. ¿Y si hubiese dicho “recadero político”?
Lo que ocurre es que ni siquiera las mujeres y los hombres dedicados a la política saben leer ni hablar. Eso no es violencia política, es estupidez.