Rosa Torres: Encuestas del descrédito
Los encuestadores ignoraron a los adultos mayores que, con su sabiduría votaron pensando en sus pensiones
L as encuestas a boca de urna fallan en cada elección presidencial o seccional porque quienes planifican y ejecutan el trabajo de campo omiten información fundamental, como los grupos etarios, el género, el nivel socioeconómico y el lugar de residencia de quienes integran el padrón electoral. Son precisamente estos votantes quienes, al final del día, eligen en las urnas a los dignatarios de elección popular.
Las encuestadoras Telcodata y Corpmontpubli, las dos únicas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para publicar los resultados del exit poll, se equivocaron ampliamente. Una parecía haber sido contratada por el candidato-presidente, pues le otorgaba el triunfo con tres puntos de ventaja sobre la aspirante de la Revolución Ciudadana. La otra vaticinaba una victoria para el correísmo, con casi el mismo margen de diferencia entre Luisa González y Daniel Noboa. Solo les faltó anunciar un empate técnico, como si hubiera que abrir las urnas para contar voto a voto.
El conteo oficial, que declaró ganador a Daniel Noboa con doce puntos de diferencia frente a su contendora, no hace más que reafirmar el fracaso de las encuestadoras en su labor. Hoy, las encuestas han dejado de ser una herramienta confiable para medir la intención de voto o conocer las preferencias ciudadanas y se han transformado en instrumentos políticos de manipulación, orientados a confundir o condicionar la decisión del electorado.
En esta segunda vuelta electoral, las encuestas ignoraron a quienes tienen voto facultativo: policías, militares, jóvenes de entre 16 y 17 años y adultos mayores. Estos últimos, con su sabiduría del pasado y su esperanza en el futuro, votaron pensando en sus pensiones y en la estabilidad de un país que ya no tolera más incertidumbre.
Las empresas encuestadoras también subestimaron el hartazgo social e ignoraron el cansancio de los ciudadanos frente a la polarización, el miedo creciente por la inseguridad y el desencanto con una clase política que ha sido incapaz de ofrecer soluciones reales. Y lo más grave es que su imprecisión no solo distorsiona la percepción ciudadana, sino que debilita la credibilidad del proceso democrático. En tiempos donde la confianza institucional es frágil, jugar con la opinión pública no es solo irresponsable: es profundamente peligroso.
