Rosa Torres | Hay que sacar a los corruptos
La falta de transparencia en los procesos hacen cada vez más difícil atacar la corrupción
La percepción de que todo está corrompido en el país es cada vez mayor. Esto se debe a que las autoridades de todos los niveles de poder no han hecho nada para atajar ni erradicar esta corrupción. Algunos porque han integrado estos grupos y otros debido a sus intereses o a los de colaboradores y familiares cercanos. Por ello han mirado hacia otro lado, como si no tuvieran ninguna responsabilidad en combatirla para proteger al pueblo que han jurado servir con honestidad y transparencia.
Todos los gobiernos que conozco, desde el de Sixto Durán Ballén (1992-1996) hasta el de Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa (en funciones), han tenido en sus administraciones a funcionarios, entre ellos parientes cercanos y lejanos, que han sido procesados por peculado, soborno, malversación de fondos, nepotismo, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho. No ha habido presidente de la República en los últimos 30 años que no haya sido salpicado, directa o indirectamente, por sus actos y por las andanzas de colaboradores y parientes, quienes han metido la mano en las arcas públicas para quedarse con el dinero del pueblo a través de negociados que han hecho aún más grande el déficit fiscal que ahoga al Estado en deudas y desatención ciudadana. Incluso los mismos presidentes han sido juzgados: Abdalá Bucaram (1996-1997), Fabián Alarcón (1997-1998), Jamil Mahuad (1998-2000), Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021).
En este 2024 puedo decir, sin temor a equivocarme, que gran parte de los políticos ecuatorianos están involucrados en actos de corrupción. Esto incluye a asambleístas y máximas autoridades de los organismos de control, jueces y fiscales, quienes han dejado de administrar justicia para atender intereses personales y particulares.
Las autoridades, por más que digan lo contrario, no se han preocupado de elaborar políticas y planes para combatir la corrupción. Ha sido la clase política la que ha permitido que amigos y parientes lleguen a la administración pública para llenar sus bolsillos. Y lo más preocupante: la sociedad ecuatoriana lo ha permitido y lo sigue permitiendo. Esto tiene que acabar.
