Rosa Torres: Irrespeto total al marco jurídico
El silencio de las otras funciones del Estado ante la decisión de Noboa, puede interpretarse como uno de aprobación
En un Estado de derecho, independientemente de la posición o función que ocupe, el presidente de la República está obligado a rendir cuentas por sus acciones y omisiones. Y por ello, Daniel Noboa deberá responder ante los ecuatorianos por su decisión de no pedir licencia para ser candidato a la reelección, porque esa reelección, como lo ha dicho claramente la Corte Constitucional, no es computable para otro fin que no sea el que solo puede ser presidente por dos períodos consecutivos. Y el actual, por ello, no debe ser tomado en cuenta.
Con su decisión, secundada por los candidatos oficialistas a la Asamblea Nacional, el presidente no solo que transgrede la Constitución política del Estado y el Código de la Democracia sino todo el marco jurídico ecuatoriano que al posesionares juró defender.
¿Se puede hablar de una verdadera democracia en un país donde no hay Estado de Derecho o en el que el presidente decide irrespetar las leyes para que la vicepresidenta de la República no lo reemplace durante 45 días?
Lo que está pasando en Ecuador es gravísimo, porque son las máximas autoridades del país las que están violando el marco jurídico, pues es la pugna de poderes la que impone la agenda diaria de un gobierno que debería estar preocupado por la crisis económica y por cómo brindarle bienestar al pueblo a través de la solución de los problemas.
No hay ley que disponga que los candidatos a la reelección deben continuar en sus funciones durante la campaña electoral porque hacerlo es una competencia deshonesta, porque es tener una ventaja sobre los demás candidatos, con un agravante adicional: el mal uso de los fondos públicos.
El gobierno de Daniel Noboa no puede aplicar leyes que no existen más que en la interpretación de los juristas que lo acompañan en la administración pública y que malentienden jurisprudencia por Estado de derecho.
El presidente Daniel Noboa, con su errónea decisión, ha entrado peligrosamente en el régimen del autoritarismo, en el que impera la voluntad del gobernante. Y la pregunta que cabe es: ¿qué van a hacer las otras Funciones del Estado? El silencio no es una opción para ninguna autoridad, salvo que se quiera tener la calidad de cómplice.