Los chips peligrosos
Las autoridades nacionales y las empresas de telefonía son las llamadas a tomar medidas que eviten el libre comercio de chip activos, utilizados para el crimen.
Las extorsiones se están haciendo por celular, con números que se venden libremente en el sector de la bahía de Guayaquil. Con pocos dólares, cualquiera puede acceder a un chip descartable, que puede utilizar con solo ingresarlo en el móvil porque están activados y listos para usar.
La falta de control del mercado de los tarjetas SIM es de lo que está aprovechándose la delincuencia común y organizada para atacar a sus víctimas en cualquier parte del territorio nacional. De esa forma no deja huellas que permitan su identificación.
Cuando un comerciante acude a la Fiscalía a poner la denuncia por ‘la vacuna’ que le quieren cobrar por “brindarle seguridad”, lo que él muestra son los mensajes de texto o de voz, incluso videos, que le han llegado a su teléfono desde un número desconocido. Cuando la policía investiga a quién pertenece esa línea, la sorpresa es que está a nombre de alguna persona que ni siquiera sabía que la tenía y peor que estaban cometiendo actos delictivos con ella.
Con los chips activados se amenaza hasta a los fiscales, como se detalla en la investigación abierta para identificar a quién, a nombre de un reconocido criminal sentenciado y encarcelado, presionaba al fiscal multicompetente de Naranjito para que no lo acusara del delito que había cometido.
La agudeza de los investigadores permitió encontrar a la persona de la línea de celular y, con ella, acudir a la operadora telefónica para que pidiera un nuevo chip y así lograr que el extorsionador cayera en la trampa de llamar al número que creía inactivado.
Los policías pierden diariamente tiempo en investigar la titularidad de un número telefónico, pero aún más en hacerle el seguimiento a las conexiones que muchas veces se pierden a los pocos días, o porque terminan en algún basurero o son puestos en inactividad durante un tiempo suficiente para evitar el rastreo.
Las autoridades nacionales, en estrecha coordinación con las empresas telefónicas, deberían establecer una estrategia que permita sacar del mercado a esos chips peligrosos. En estos momentos, cualquier medida a mejorar la seguridad ayuda en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad.
