Cobro a destiempo que indigna
¿Puede un municipio cobrar a los usuarios por un servicio que no cobró hace siete años porque no hizo bien los cálculos?
Siete años después, el Municipio de Guayaquil le mete la mano al bolsillo de los guayaquileños, exigiéndoles el pago de un monto no cobrado de la tasa de recolección; es decir, los errores y omisiones de las entidades públicas, que no cobraron lo que debían cobrar entre 2014 y 2015, ahora deben pagarlos los abonados directamente en las cajas municipales.
Los avisos de cobro, por deudas desconocidas por años, llegan a través de los correos electrónicos a miles de abonados del servicio eléctrico de Guayaquil, como si ellos fueran los responsables de lo ocurrido y no las autoridades municipales que tardaron meses en decidir que el pago fuese hecho en las planillas de agua potable, como ocurre ahora.
Resulta insólito e indignante que la Municipalidad de Guayaquil haya esperado siete años para exigir la cancelación de unos valores que, para justificarlos, envía desglosados mes por mes, entre los meses de 2014 y 2015 que dejaron de cobrarse.
Los municipios del país por años hicieron el cálculo de la tasa de recolección de desechos sólidos solo con base en la factura de energía eléctrica.
En el 2015, cuando la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, se cambiaron las reglas y los municipios fueron obligados a buscar otras vías, que no fuera la planilla eléctrica, para hacer el cobro del servicio de recolección de basura.
Según la normativa vigente, el cálculo del valor mensual a pagar, que en el caso de Guayaquil se cobra en la planilla de Interagua, se hace con base en la factura de energía para quienes consumen más de 300 kilovatios/hora al mes; y en la planilla de agua y alcantarillado para quienes tienen un consumo inferior.
¿Cómo puede un municipio tardar tanto tiempo en definir la diferencia entre lo pagado y lo que se debió cobrar? Y, además, ¿por qué se le cobra al abonado del servicio eléctrico y no al de agua potable? Las autoridades municipales le deben una respuesta a los ciudadanos, sorprendidos de recibir las notificaciones de cobro. Deben indicarle sobre qué base legal están exigiendo los pagos.
