La desgracia de los oídos sordos

En febrero de 1999, en mi primer viaje a la frontera entre Ecuador y Colombia, vi de cerca a Comuneros del sur, la fracción de las FARC que operaba en el departamento de Nariño, en los límites con Carchi. Me sorprendió verlos sentados en un bar, bebiendo con los policías ecuatorianos, en territorio ecuatoriano, vestidos de guerrilleros y con sus rifles al hombro, como si los primeros no tuviesen que evitar a los segundos y estos no fuesen los responsables de la protección de los ciudadanos. Desde entonces, por reportajes publicados por este Diario y que llevaron a una inmediata militarización de la frontera, no se desmayó en advertir que la guerrilla había convertido al territorio nacional en sitio de operación y descanso, y que el país estaba siguiendo los pasos de Colombia. En los siguientes meses y años los periodistas seguimos informando sobre las rutas de abastecimiento de las FARC y el ELN, los pasos clandestinos para el contrabando y tráfico de combustibles, las rutas de la droga que salía desde laboratorios en la selva hasta las playas y puertos. El hallazgo de decenas de toneladas de alcaloides encaletadas en mangles y playas de Esmeraldas y Manabí fue insuficiente para los gobiernos de turno, que se negaron a reconocer que había carteles colombianos y mexicanos operando en Ecuador. Y así se llegó al 1 de marzo de 2008, cuando Colombia, con apoyo de EE. UU., bombardeó un campamento clandestino en Angostura para terminar con la vida del número dos de las FARC. Grandes fueron los esfuerzos de Colombia para acabar con la guerrilla y muchas las advertencias de que su guerra interna había traspasado los límites, hacia Ecuador, lo cual conllevaba insurgencia, tráfico de armas y droga, violencia y criminalidad. La presencia de cárteles de ese país, aliados con los mexicanos era otra muestra de que se podía hablar de ‘colombianización’ y de ‘mexicanización’. Los 10 años de esfuerzos de la Policía y de las FF. AA. para robustecer y entrenar sus unidades de inteligencia fueron echados al tacho entre 2008 y 2009 con decretos presidenciales del gobierno de Correa, con el argumento de la patria ofendida. El resultado de bajar los brazos en la lucha criminal, con la venia gubernamental, es que los ecuatorianos vivamos en la zozobra. La violencia y criminalidad fueron calando desde Colombia y Perú, y ahora en Ecuador los negocios cierran, las familias se encierran y la muerte acecha en cada esquina.