
¿Y la clase media?
Desde el 2022 tendrá que enfrentar, mayores demandas de pago del impuesto a la renta y la limitación de las deducciones a las que podía acceder.
¿Quién piensa en la clase media? A veces creo que nadie. Cuando el presidente Guillermo Lasso anunció el incremento de 25 dólares del salario básico unificado, los empleados y trabajadores que no están en puestos de ejecutivos y tampoco en los sectores de obreros, tomaron el anuncio con indiferencia. Acaso alguna voz se hizo oír, pero fue silenciada de inmediato con aquella muletilla de -den gracias por tener empleo-.
Sin desconocer la dura realidad de la falta de trabajo en el país, con unos 5,5 millones de ecuatorianos sin empleo de calidad, no puedo callarme ante el duro momento de la clase media. No es elegible para que le suban los sueldos. Tampoco es elegible para que le congelen, al menos, los impuestos.
Podrán decirme los entendidos que hay cientos de productos a los que ahora pueden acceder con menores precios, dada la baja de aranceles, pero al hacer las cuentas totales, difícilmente se encuentran beneficios. Al contrario, más carga. Desde el 2022 la clase media del Ecuador tendrá que enfrentar, para empezar, mayores demandas de pago del impuesto a la renta y la limitación de las deducciones a las que podía acceder.
Aunque cifras oficiales hablan de una recuperación de al menos 275 mil empleos en el último semestre, coincidiendo con los primeros 7 meses del -Gobierno del Encuentro-, todavía se sienten los efectos de la ley humanitaria (como fue bautizada en el gobierno anterior) la cual permitió una reducción de sueldos y salarios con una baja de horas laborables, y de la que se aprovecharon muchas empresas, unas con razones, otras sin ellas, reduciendo ostensiblemente sus planillas de pago a empleados y trabajadores, con énfasis en la clase media.
Sería injusto meter a todas las empresas en este ejercicio: Muchas quebraron o se debilitaron al menos, durante la pandemia, pero otras simplemente aprovecharon la ley para –hacer caja- y reducir sus costos de plantilla, colocando más carga sobre sus empleados y trabajadores.
De cara al 2022 no son pocos los que esperan que se alcance una reforma laboral que quite “los excesos” del código del trabajo o las limitaciones para facilitar nuevas contrataciones. Puedo entender que empleados y trabajadores no tengan al respecto la misma expectativa que los empresarios, en un gobierno liderado por un exbanquero que defiende las bondades de la libre empresa. Pero no creo equivocarme al pensar, querer y esperar que para el bien de todos, deban concretarse medidas que también supongan beneficios para la clase media.
La revisión de las tarifas de energía eléctrica es apenas un ejemplo, y lo menciono por ser una sugerencia concreta de organismos internacionales. Podría ampliarse la base de quienes califican para recibir ayuda con tarifas más baratas, pues no necesariamente los que consumen menos necesitan más. A veces hay razones climáticas o número de familiares que marcan la diferencia y no se consideran en las tarifas de servicios básicos. En la clase media hay jefes de hogar que mantienen varios hijos en escuelas y colegios particulares, distando mucho de ser ricos por ello. Hacen malabares para pagar la educación, la atención de salud, la hipoteca de la casa y la letra mensual del carro. Ganan más que el básico, sí, pero ni de lejos llegan a los ingresos de las clases económicamente altas.
La clase media difícilmente está incluida entre los 350 mil ecuatorianos que directamente se han beneficiado del nuevo incremento salarial. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, dice que son muchos más que 350 mil; ojalá así sea, pero la fuerza laboral de nuestro país conformada por más de 8,3 millones de ciudadanos, y cuya tercera parte corresponde a esa clase media, con ingresos diarios de entre 10 y 50 dólares, merece un trato especial… Es la que debe crecer, fortalecerse, avanzar. Así lo hicieron en los países del primer mundo. ¿Por qué no podemos ir hacia allá?