Willington Paredes: Derecho torcido y justicia violada

Esto lleva al Ecuador al laberinto de acciones políticas, jurídicas y judiciales que van destruyendo acelerada y continuamente la institucionalidad
En las sociedades democráticas el derecho es el conjunto de fundamentos jurídicos, políticos, legales, filosóficos, etc. que sustentan la estructura esencial de sus instituciones y de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si los políticos meten sus manos y tuercen el derecho en ellas (los tres estamentos) se destruye la democracia. Lo que expresó el embajador de EE. UU., no llama la atención. Es parte de las múltiples evidencias que se dan hace algunos años. Lo deterioran caudillos que invitan a sus seguidores a desviar el derecho por las rutas obscuras de los beneficios, la corrupción e intereses de organizaciones mafiosas.
Esta es una historia de larga data. La fecha referencial es octubre de 1984, cuando un presidente (PSC) rodeó con tanques la Corte Suprema de Justicia. Luego, la Pichi Corte (dic. 2004); Gutiérrez convocó a un Congreso extraordinario, en el que diputados de SP, PRE, Prian, MPD, entre otros, destituyeron de sus funciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Después, AP-35 (RC-5), 57 diputados fueron destituidos por el TSE para una nueva convocatoria, armada con diputados suplentes (51) para una consulta popular. Sigue; el expresidente Correa (enero de 2011) dijo: “queremos meter mano en la Corte… sí, queremos meter mano para el bien del pueblo ecuatoriano”. Antes hubo el perverso proceso de creación de la Constitución de Montecristi que creó un presidencialismo de candados y bloqueos que a su vez crearon las sucesivas acciones de nombramientos de Contraloría, cortes, Fiscalía general, Cpccs, el CJ, TSE, etc. Esto lleva al Ecuador al laberinto de acciones políticas, jurídicas y judiciales que van destruyendo acelerada y continuamente la institucionalidad democrática. Desde el 2011 el país es llevado hacia diversas actuaciones que favorecen la corrupción, la narcopolítica e impunidad. Por eso los pasos que hoy se dan desde CJ y Asamblea para destituir a la fiscal son parte de esa demolición. Así, la narcopolítica y líderes mafiosos terminarán su accionar de dinamitar la institucionalidad democrática que sustenta la teoría y práctica de los poderes del Estado. La sociedad y la ciudadanía no deben permanecer indiferente y en silencio ante este proceso que tuerce el derecho y destruye la democracia.