Xavier Flores: Edificio en ruinas

En la Convención de Ambato de 1835 el primer Presidente de la República del Ecuador, el guayaquileño Vicente Rocafuerte, dirigió estas duras palabras a los diputados del pueblo ecuatoriano allí reunidos: “¿Existe entre nosotros esa pura moral de la que nace el espíritu público? Es duro decirlo, pero es preciso confesar que nó. ¿Estamos al nivel de las luces del siglo? Nó. ¿Hay comodidad, desahogo o instrucción en la masa del pueblo? Nó. Luego faltan los fundamentos en que debe apoyarse el edificio democrático” (sic).

Casi dos siglos pasaron desde esa Convención que fundó una república, y los fundamentos de su “edificio democrático” han variado en la forma, pero no en el fondo. O al menos no para bien.

Hoy, el “edificio democrático” que refirió Rocafuerte en su alocución está corrompido (lo ha estado casi invariablemente desde aquel lejano 1835). En cuanto a las variaciones de forma, se convirtió a las elecciones en un proceso organizado por un órgano especializado (desde la aprobación de la Constitución de 1945) y se convirtió en obligatorio el voto de los ciudadanos (desde la aprobación de la Constitución de 1946).

En lo de fondo, hoy, este órgano especializado no controla si la corrupción penetra en el proceso electoral. Y para legitimar la situación se nos obliga a los ecuatorianos a sostener este sainete siniestro con el voto.

La preocupación del presidente Rocafuerte en 1835 era que los ecuatorianos no gozaban de las condiciones necesarias para hacer el bien a su patria. Nuestra preocupación, casi dos siglos después, debe ser que el “edificio democrático” que se ha erigido en el Ecuador se ha asentado en un sistema electoral que permite que algunos ecuatorianos le hagan el mal a su patria.

Nuestro sistema electoral favorece la producción de este sainete siniestro. No impide que los movimientos y partidos políticos sean una mascarada sin asomo de ideología, ni que sus elecciones primarias sean una burla sin asomo de participación (salvo la gente como parte del decorado). Es decir, en el sistema electoral ecuatoriano no importa que los movimientos y partidos políticos hagan un sainete de la elección de las autoridades.

Lo realmente grave, sin embargo, es que el sistema electoral está permitiendo ahora que ese sainete merezca la calificación de siniestro, pues se confiesa incapaz de controlar los fondos que ingresan para el financiamiento de los movimientos y partidos políticos.

Esta falta de control en el financiamiento es siniestra, pues para nadie es desconocida la presencia e influencia en la sociedad ecuatoriana de los grupos de delincuencia organizada. Se han infiltrado en las instituciones, corrompido a sus autoridades y ocupado territorios en los que el Estado está vedado de intervenir, y se imponen por el terror o por la muerte.

Que el Estado esté inerme frente a la posibilidad de que ellos financien las candidaturas de las autoridades, solo nos augura un futuro siniestro, uno en que la misión básica del Estado de proteger a los habitantes de su territorio se subvierte para poner al Estado al servicio de quienes agreden a los habitantes de su territorio.

Casi dos siglos después, y estamos peor que como empezamos. Y conste que empezamos mal.