Ley de Elecciones, ¿a tiempo?
Concluyó el debate del Código de la Democracia. Temas clave como el control de gastos de campaña y el cambio del método D’Hondt pueden quedar fuera.
Carrera contra reloj: ayer concluyó, sin votación, el segundo debate de las reformas a la Ley de Elecciones, conocida como Código de la Democracia. En teoría, a tiempo para que la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, procese los aportes del Pleno de la Asamblea y proponga un texto de consenso para ser sometido a votación la próxima semana, el Ejecutivo lo conozca, haga sus observaciones, las envíe de vuelta al Legislativo para su aprobación definitiva y se publique en el Registro Oficial un año antes de que arranque el proceso electoral del 2021. Renace la esperanza de contar con nuevas reglas de juego para las próximas elecciones. Sin embargo, persiste una duda: esas nuevas reglas de juego, ¿incluyen los cambios más importantes?
Ha sido el debate más postergado de esta legislatura: arrancó el 4 de enero de 2018. Tres presidentes (José Serrano, Elizabeth Cabezas y César Litardo) lo dejaron, sistemáticamente, para más tarde. Una demora que habla de la escasa voluntad política de corregir los vacíos de una ley heredada del régimen anterior. En todo este tiempo, mucha agua corrió bajo los puentes. En primer lugar, el correísmo perdió su hegemonía en la Asamblea y eso abrió la posibilidad de debatir el método de asignación de escaños (el método D’Hondt, que perjudica a las minorías, continúa siendo el predominante). En segundo lugar, el escándalo de Arroz Verde, o Caso Sobornos, puso en evidencia la falta de regulación sobre los mecanismos de financiación de campañas. Finalmente, las últimas elecciones seccionales, con su reguero de denuncias por irregularidades y fraude, en particular en la provincia de Los Ríos, reactualizaron el tema del mecanismo de conteo de votos.
Sin embargo, ninguna de las reformas urgentes que se necesitan para atacar estos problemas consta en el informe que se empezó a debatir en enero de 2018. Algunos prefieren que eso siga así. El correísmo, por obvias razones, no quiere regular el tema del financiamiento. Que “el ambiente político está enrarecido” para ello, dijo Pabel Muñoz semanas atrás. Y claro que está enrarecido: por el Caso Sobornos, precisamente. Una propuesta de SUMA podría salvar los muebles en este tema: que la ley prescriba la obligación de bancarizar todos los aportes de campaña, ya sea en cheques o por transferencia, y manejarlos a través de una cuenta única. Hoy, cuando la Comisión de Justicia se reúna para sistematizar el texto que someterá a votación la próxima semana, los asambleístas de SUMA, según dijo a EXPRESO uno de ellos, Héctor Muñoz, estarán ahí para pelear por su propuesta.
Menos segura es la posibilidad de cambiar el método de asignación de escaños o el sistema de distritos, que durante años fueron funcionales para que el correísmo se alzara con la mayoría de representaciones en todas las provincias. El consenso tiende a mantener los distritos, que sí garantizan una participación más democrática de cantones y parroquias. El independiente Fabricio Villamar hizo notar que, mientras más grandes sean los distritos, menor es el grado de exclusión de las minorías, incluso con el método D’Hondt.
Mae Montaño propuso un par de temas clave: incluir una serie de disposiciones transitorias que obliguen a realizar, entre otras cosas, una depuración del padrón electoral y una auditoría del sistema informático de conteo de votos, cuyos sospechosos apagones ya han producido desagradables sorpresas en el pasado.
Todos estos asuntos urgentes no han sido, precisamente, los más nombrados durante el debate. Lo que mayor interés y menor resistencia ha despertado entre los asambleístas es el tema de la paridad de género. La nueva propuesta, que sin duda se aprobará, impone la obligación de que la mitad de las listas de cada partido sea encabezada por mujeres. Podría imponerse también la idea de binomios mixtos e incluso la de contar con papeletas separadas por sexo para las elecciones pluripersonales, como propuso ayer la defensora del Pueblo encargada, Verónica Aguirre. Más entusiasmo y sentido de la corrección política que criterios técnicos primaron en este debate.
EL CORREÍSMO CON MORALES
“Desconocieron la victoria honesta de Evo Morales y permitieron consumar un golpe de Estado”. El correísta Ronny Aleaga quizá no advirtió lo inapropiado de esta declaración en medio de un debate sobre reformas electorales. Era, en todo caso, la posición de su partido. También José Agualsaca, reemplazo de Gabriela Rivadeneira, se solidarizó con Morales.
