Editorial: Ajustes indefectibles al plan de seguridad

El asesinato de la directora de la Penitenciaría del Litoral demuestra las grandes falencias del plan de seguridad del Gobierno. Funcionarios con tan alto nivel de exposición al peligro, como la directora carcelaria, deben contar obligadamente con protección especial, sin necesidad de que soliciten un análisis de riesgo, que es, aparentemente, el proceso a seguir en la actualidad, según declaraciones de la ministra de Gobierno.

Toda persona que ejerza un cargo cuyo desempeño implique seria amenaza para su vida debería contar, por defecto, con un despliegue de seguridad que incluya un vehículo blindado para sus desplazamientos. La directora fallecida se movilizaba a diario en un carro de servicio de transporte ‘express’, sin ningún tipo de seguridad, pese a que tenía bajo su responsabilidad una de las prisiones más peligrosas del país, y de que tanto ella como su familia habían pedido custodia. Además, pocos días antes se había suscitado la explosión de un dron sobre otra cárcel vecina de máxima seguridad, lo que debió haber puesto en alerta a las autoridades ante posibles represalias.

Resulta impostergable replantear muchos ejes en el plan de seguridad. Por lo pronto, el anterior gobierno dejó más de dos docenas de vehículos blindados que deben ser asignados a quienes por sus funciones son más vulnerables frente a la acción de la delincuencia organizada.