Editorial: La alta factura por los errores del pasado
Enfrentar con determinación a las estructuras criminales debe ser la prioridad del Estado.
Ecuador sigue enfrentando las nefastas consecuencias de la política de puertas abiertas implementada durante el gobierno correísta, que permitió el ingreso descontrolado de extranjeros bajo el pretexto de la ciudadanía universal. Esta errada estrategia no solo debilitó los mecanismos de seguridad y control migratorio, sino que también facilitó la llegada de individuos vinculados a redes del crimen organizado, generando un caldo de cultivo propicio para el crecimiento de la violencia y la delincuencia.
La permisividad de aquel gobierno dejó al país expuesto a amenazas externas e internas, afectando gravemente la paz y estabilidad nacional. Resulta por tanto inaceptable que se pretenda culpar exclusivamente a los gobiernos posteriores por la crisis de seguridad que azota a Ecuador, cuando fue durante la década correísta que se tomaron decisiones que minaron las capacidades de las fuerzas del orden. La desarticulación de los mandos militares y policiales, así como el debilitamiento de los grupos de inteligencia, dejaron un vacío institucional que fue aprovechado por el crimen organizado.
La seguridad de Ecuador no puede ser rehén de narrativas políticas que intentan distorsionar la realidad histórica. Es imperativo reconocer que la crisis actual es el resultado de una serie de decisiones erradas tomadas en el pasado, cuya reparación exige medidas contundentes y coordinadas.