Editorial | Confuso liderazgo del alcalde de Quito
Mientras se fijaban sanciones por exceso velocidad, no se establecía ninguna medida para quienes usan vehículos sin placa
La cortísima vigencia de los controles del exceso de velocidad en Quito y las enormes sanciones que se habían establecido tienen al menos dos explicaciones: la falta de planificación y los intereses electorales con miras a las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. Las sanciones que incluían prisión de hasta tres días no tenían proporcionalidad penal y por ello eran inconstitucionales. Mientras se fijaban sanciones de hasta tres días de cárcel para quien haya sido detenido conduciendo por encima del límite de velocidad, no se establecía ninguna medida para quienes usan vehículos sin placa, por ejemplo.
Casi al día siguiente de implementado el sistema, el alcalde de Quito reconoció la desproporcionalidad de la pena y anunció que las dos primeras semanas de cada mes se realizarán campañas preventivas sin sanción. En la tercera semana los operativos de control y potencial sanción se centrarán en el transporte público y pesado, mientras que, los dos últimos días de cada mes, los operativos estarán dirigidos a los autos particulares. En otras palabras, ahora se plantea un sistema con más incertidumbres y complejidades para los conductores. Lo ocurrido demuestra que una administración municipal no puede actuar de forma improvisada en temas complejos para los ciudadanos y peor aún en función de lo que digan las encuestas de cara a las elecciones.