Editorial: El desprecio a la opinión pública

Este Diario, junto a otros medios de comunicación, da a conocer cotidianamente actos de corrupción, servicios deficientes y actos negligentes de funcionarios que dirigen instituciones estatales y de autoridades de todo nivel. Pese a los escándalos que esas noticias generan, pocos son los procesos legales que se inician y menos los que llegan a su fin; o las medidas de cambio que se toman en los organismos afectados para acabar con los delitos o problemas develados. Nadie se hace responsable ni se siente obligado a rendir cuentas a la ciudadanía. Así, el nepotismo comprobado en el IESS, los sobreprecios denunciados o la identificación de mafias que operan en los hospitales, persisten sin que su director responda por ello; ni los ministerios que no han tomado previsiones para evitar emergencias, como el de Energía, el de Transporte y OO.PP., o el de Educación, ya sea ante un inminente estiaje que produce déficit en la generación eléctrica, o la destrucción de carreteras, escuelas y colegios por fenómenos naturales. Peor aún el SNAI, donde nadie recibe sanciones cuando un dron sobrevuela una penitenciaría sin que haya sido interceptado.

La falta de respuestas, explicaciones o aclaraciones denota quemeimportismo y total irrespeto hacia el ciudadano, que debe exigir a través de la presión social la sanción y destitución de quienes incumplen, por negligencia o complicidad, sus funciones.