Editorial | Fiscalizar y sancionar a la burocracia

La ineficiencia de la burocracia es un mal que el país ha soportado a través del tiempo sin que las consecuencias de su inoperancia hayan hecho surgir en la ciudadanía un clamor por acabar con urgencia con su impavidez. Pero esa indiferencia e indolencia burocráticas se vuelven inadmisibles cuando se atraviesa una crisis tan grave como la que afronta Ecuador.

Si ni la emergencia eléctrica que vivimos, que pone en riesgo la subsistencia de miles de emprendimientos y negocios, lleva a los funcionarios públicos a actuar con diligencia y eficacia, se vuelve prioritaria una reingeniería total de procesos en las instituciones estatales, para en función de ella modificar las leyes vigentes que las aparan, y establecer controles, evaluaciones y sanciones por desempeño inadecuado en los diferentes cargos cuyo efecto sea el entorpecimiento y la dilación de los procesos.

La desidia de los entes de cada uno de los Poderes del Estado se replica en las instituciones de gobiernos seccionales, que mantienen represados trámites en un juego interminable de continuas correcciones que no se revisan oportunamente, incorporando en cada ocasión un requisito adicional, en un círculo sin fin.

Tal como se da en el sector privado, el desempeño en el sector público debe ser evaluado y en función de los resultados recibir sanción o incluso la remoción del cargo.