Editorial | Garantizar el servicio eficiente de internet

El anuncio de Arcotel de retirar el título habilitante a una importante empresa para el uso de cable submarino deja sobre la palestra varios temas pendientes que, por su sensibilidad e importancia, no deben resolverse a última hora. En juego está el servicio de internet que reciben millones de ecuatorianos y la garantía de acceso a una herramienta que es clave en el progreso de cualquier economía.

Si bien se ha dicho que en el mercado existen otros proveedores que podrían suministrar el servicio, habría que comprobarse el conocimiento y la infraestructura que estos tienen para brindar esa prestación; esto incluye subsanar las dudas acerca de si será el propio Estado el que a través de una empresa pública participe en la operación. Y de ser así, ¿puede la administración estatal encargarse de esta labor, aun cuando acumula fama de ser un gestor deficiente y de cojear por falta de recursos?

Otro factor, y no menos importante, es resolver el conflicto jurídico que en torno a este tema se genera. Es deber del Gobierno demostrar que legal y técnicamente tiene la razón y que el fallo está alejado, como en efecto lo ha dicho, de asuntos políticos o de intereses privados, pues la seguridad jurídica ha vuelto a cuestionarse. Dejar dudas o sospechas al respecto es desestimular el arribo de inversión a un país con grandes desafíos tecnológicos y de conectividad.